El Gobierno se resiste a entregar el expediente del concurso de la agencia de inteligencia artificial

Y no es culpa del artilugio. Sucede que el Gobierno no ha aportado ningún dato consistente desde que resolvió el 5 de diciembre que la sede fuese para La Coruña, apoyado en un informe que aún no se ha visto –lo mismo fue verbal– del ministerio de Nadia Calviño, nacida en La Coruña. Preguntar al Gobierno por la inteligencia artificial es lo mismo que interrogar a ChatGPT o entrevistar a una pared. El resultado será el que la sabiduría popular y prosaica resume en un adagio: como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. En dos meses y medio, los ministerios implicados se han negado a facilitar el expediente del concurso, el acta de la comisión que deliberó y los puntos de las candidatas –en el caso de que existiera tal baremación–. El recurso planteado por el Ayuntamiento y el resto de instituciones el 3 de febrero lo que solicita inicialmente al Tribunal Supremo es que emplace a la administración demandada «ordenándole la remisión del expediente». El Gobierno tiene veinte días de plazo y, de momento, nada.

Diputados y senadores que han solicitado formalmente la información han tenido el mismo éxito. El senador José Antonio Robles (PP) pidió por escrito el 13 de diciembre el expediente, los informes de los ministerios que han participado y los puntos. Al Gobierno se le agota el plazo la próxima semana para responder.

En el Congreso, Onofre Miralles (Vox) registró seis preguntas o solicitudes de información el 5 de enero y otras dos el pasado jueves 16 de febrero. En su caso, sí se han atendido cinco de ellas. La respuesta más profusa –un par de folios– ha sido para argumentar el peso que ha tenido el gallego para que la sede estatal se ubique en La Coruña en lugar de en Granada. El Gobierno justifica la decisión por el PERTE «Nueva Economía de la lengua», que cuenta con 1.100 millones de euros de inversión pública. «Gracias al proyecto NÓS se crearán los recursos digitales y lingüísticos necesarios para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje tales como asistentes de voz, traductores automáticos y agentes conversacionales en gallego, permitiendo colocar el gallego en la vanguardia de las tecnologías inteligentes», argumenta el Gobierno en su respuesta por escrito. Un proyecto –y el matiz es relevante– que lleva la Universidad de Santiago de Compostela, no la de La Coruña. Mientras que la candidatura de Granada no se valoró como andaluza y no se tuvo en cuenta el aeropuerto internacional de Málaga.

Son motivos de 'peso' que sustentan que la sede de la agencia artificial esté en La Coruña. «Nuestro país cuenta (...) con distintas lenguas cooficiales que permiten enriquecer el entrenamiento de las máquinas con lenguaje natural y, además, tejer relaciones con el portugués. (...) Toda esta base de conocimiento permite impulsar corpus multimodales, modelos de lenguaje neuronal, motores de traducción, reconocedores del habla, entre otros, que sin duda serán recursos clave para avanzar en la transformación de nuestro país», detalla el Gobierno.

La resistencia a facilitar la documentación del procedimiento ha puesto cualquier respuesta o documento bajo sospecha. Difícil desmontar que se trató de un paripé para disimular una decisión política tomada de antemano. Antes de que el 5 de diciembre se reuniese la comisión consultiva minutos antes del Consejo de Ministros y resolviese que la sede que pretendía Granada se iría a La Coruña. 76 días después, según consta en una respuesta por escrito del Gobierno al diputado Miralles fechada el pasado 15 de febrero, el acta de aquella reunión ni siquiera está aprobada.