Doble golpe a las fiestas ilegales en Granada

El procedimiento es pionero en Andalucía. Cuando un vecino avisa a la Policía de que en un piso hay ruidos más allá de las once de la noche, hora estipulada en la ordenanza de la convivencia, se pueden dar dos situaciones. Si los agentes se desplazan al inmueble y los inquilinos abren la puerta, la Policía puede identificarlos y sancionarlos con 400 euros –a cada uno de los congregados– por infringir la normativa que vela por el descanso de los granadinos. Si no es posible identificarlos, hasta hace unos meses todo quedaba en un apercibimiento de la policía desde la puerta, salvo en los casos más graves.

Desde enero, sin embargo, hay una segunda vía para atajar los problemas de ruidos en la madrugada, contactando directamente con los propietarios de los inmuebles. Tanto en un supuesto como en otro, la Policía traslada a la Agencia Tributaria las incidencias. Aunque los datos tienen carácter de reservados, la ley prevé la cesión de los mismos previa solicitud al órgano tributario. Además, la Agencia toma constancia de que en esos pisos hay inquilinos y puede esclarecer posibles fraudes en los pagos, los contratos, desgravaciones indebidas... Y procede a comunicarlo por carta a los dueños de las viviendas.

Es una forma inducida de obligar a los propietarios a responsabilizarse de lo que hacen sus inquilinos. La inmensa mayoría de las quejas por ruidos corresponden a pisos alquilados a estudiantes. Aunque esta medida se activó en enero, apenas llegó a despegar –tres meses más tarde se declaró el estado de alarma–, pero empieza a tomar protagonismo en una entrada de curso en la que se han multiplicado las quejas por los botellones y fiestas en pisos.

Sólo en el mes de septiembre la Policía Local ha sellado 146 boletines de denuncia por ruidos en viviendas de los 191 registrados en todo el año. En manos de la Agencia Tributaria están ya los datos de 319 intervenciones policiales en pisos de la capital.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, anunció ayer que el Ayuntamiento actuará con contundencia para cortar de raíz un problema que ya existía en la ciudad –recibe cada curso a más de 26.000 estudiantes de fuera de la provincia– pero que se ha agravado con el cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada para evitar contagios.

«De la misma manera que los propietarios velan por que se cuide el mobiliario de un apartamento, deben responder por las conductas incívicas de sus inquilinos», señaló ayer Díaz. «De manera indirecta, vamos a proceder a poner coto a la celebración de fiestas en los pisos».

Otro problema es el de los botellones en la calle: «Representan un evidente riesgo de contagio masivo». Para evitarlo, la Policía Local contará con apoyo de la Nacional, tras la firma de un acuerdo entre las administraciones municipal y estatal. Habrá agentes de paisano para «sorprender» a quienes consuman alcohol en la vía pública, no sólo generando ruidos, suciedad e incumpliendo la ordenanza de la convivencia sino exponiéndose a la transmisión del coronavirus. No hay un número fijo de policías nacionales dedicados a esta tarea, sino que variará en función de su disponibilidad durante los fines de semana.

Quienes hagan caso omiso a la normativa municipal y a las recomendaciones sanitarias se exponen a una doble sanción:los 150 euros por consumo de alcohol en la vía pública y otros 100 por no llevar la mascarilla. Díaz recordó que, en estos casos, «están poniendo en peligro a nuestros mayores y familiares por un comportamiento irresponsable».

En el dispositivo de la Policía Local cuando cae la noche y, en especial, durante los fines de semana, hay 35 puntos conflictivos:zonas en las que se consume alcohol en la vía pública o espacios próximos a zonas de ocio nocturno. Estas calles y plazas están distribuidas entre el Albaicín, el Realejo, el Barranco del Abogado y el Centro.

Según la información facilitada ayer por el Ayuntamiento, en los últimos meses se han registrado 604 multas por hacer botellón, de las cuales 254 corresponden a septiembre. «Sin duda son unos datos extremadamente preocupantes que no podemos tolerar», incidió el concejal.

Otro frente abierto es el control de los establecimientos, para que cumplan con el horario de cierre y las limitaciones de capacidad ordenadas por la Junta de Andalucía. Los agentes vigilan cada noche entre 200 y 250 locales de ocio. De estas tareas han derivado 53 denuncias por infracciones sobre el horario previsto, 12 por licencias incorrectas y 7 por exceso de aforo. En cuanto a las terrazas, 41 han sido sancionadas –la multa puede llegar a los 750 euros– por no cumplir con las distancias establecidas o superar el número máximo de comensales.

Tras un último fin de semana repleto de quejas por el ruido en los edificios y los botellones en la vía pública, el Ayuntamiento confía en que la difusión de estas medidas sea un toque de atención definitivo para los estudiantes, que pueden llegar incluso a perder el contrato de alquiler si los vecinos toman medidas legales. Con la Agencia Tributaria como intermediaria, los arrendadores tendrán que vigilar que sus inquilinos cumplan con la norma.