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La nueva tasa de tratamiento de basuras tendrá en cuenta el valor catastral de las viviendas y el volumen de residuos que se genere en ... su entorno. Estos criterios serán dos de los que el Ayuntamiento de Granada analizará a la hora de determinar el coste del recibo de cada uno de los contribuyentes, que tendrán que hacer frente al nuevo impuesto en los próximos meses.
El equipo de gobierno, que encabeza la popular Marifrán Carazo, ha presentado este viernes una propuesta de aplicación de la nueva tasa, que tiene origen en la traslación a la legislación española por parte del Ejecutivo de las exigencias europeas para promocionar una economía circular con el objetivo de fomentar el reciclaje en los entornos urbanos.
Según ha explicado la edil de Economía, Rosario Pallarés, el nuevo gravamen supondrá un coste de 31,4 millones de euros para la ciudad, cerca de 2 millones de euros más que en el último ejercicio. La tasa se dividirá en dos partes, una cuota fija de gestión que financiará la recogida de residuos y otra variable que servirá para costear el traslado y tratamiento de los mismos.
La cuota fija será abonada por todos los inmuebles de la ciudad, sean residenciales o comerciales, independientemente de que estén ocupados o no. La explicación de la edil es que abonará «un servicio que se está prestando y que tiene un coste fijo». Su cálculo será muy sencillo y podrán realizarlo los propios contribuyentes. Los técnicos han determinado un índice básico, que es de 0,00211, que tendrá que multiplicarse por el valor catastral del bien al que corresponda. El resultado será el precio de la parte fija del recibo.
La cuota variable, sin embargo, se calculará de manera diferente. El índice se determinará en función de la localización, del uso catastral de los inmuebles de la zona y del volumen de residuos que se generen allí. Según ha informado Pallarés, la ciudad se ha dividido en más de 200 cuadrículas y, en cada una de ellas, se revisará cuántas viviendas y negocios ahí y a qué se dedican. La idea es que no produce la misma cantidad de basura una tienda de ropa, por ejemplo, que una carnicería, por lo que esta fórmula tiene en cuenta las diferencias para ajustar al máximo el índice.
Como en el caso de la cuota fija, el índice deberá posteriormente multiplicarse por el valor catastral del bien inmueble. El resultado será el coste de la parte variable del gravamen.
Pallarés ha explicado que la propuesta, que se llevará a la comisión de Economía prevista el próximo lunes, tiene un carácter «provisional» y tendrá que revisarse a lo largo de los próximos meses, una vez que se adjudique el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza.
No obstante, ha anunciado que el Gobierno local tiene previsto también aprobar una serie de bonificaciones para evitar que el nuevo gravamen golpee a las familias en peor situación. La cuota se reducirá hasta un 80% a los contribuyentes que acrediten que la renta de los miembros empadronados en la vivienda no supere unos ingresos anuales equivalentes a una vez y media del IPREM.
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La rebaja será de hasta el 90% para personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social. Para conseguir la bonificación, deberá aportarse una certificación de la situación real del beneficiario expedido por un órgano competente.
El Ayuntamiento también bonificará a las empresas alimentarias y de restauración que, en colaboración con entidades de economía social, tengan sistemas de gestión que reduzca de forma verificable los residuos. Se bajará hasta un 90% de la cuota variable a quienes cumplan esta norma.
El portavoz municipal, Jorge Saavedra, se ha mostrado crítico con la nueva tasa y ha responsabilizado al Gobierno de su instauración. Ha asegurado que «obliga al Ayuntamiento a cobrar 1,6 millones más que hasta ahora, algo que nos parece injusto».
Saavedra ha incidido en que «la implantación efectiva será partir del 1 de enero del 2026, aunque haya que aprobarlo para abril, por lo tanto, cuando se adjudique el contrato de basura, se volverá a revisar el coste final del servicio para que el 1 de enero de 2026, momento en el que también se tendrá en cuenta el número de residentes por domicilio, se pueda aplicar ya a todos los granadinos sin ningún problema».
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