Granada aprueba seguir la vía judicial contra el Gobierno por la sede de la agencia de IA

La corporación municipal ha aprobado por unanimidad ejercitar acciones judiciales frente al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se determinó que la sede de la agencia de inteligencia artificial estuviera en La Coruña. PSOE, PP, UP y Vox han apoyado el expediente durante la comisión informativa de Smart City que se ha celebrado en el salón de Plenos.

La sesión, que había sido convocada con carácter urgente para dar traslado a lo acordado en el seno del Pacto de los Mártires, ha seguido el guión esperado. Los grupos han trasladado su malestar por una decisión que consideran «injusta» y han expresado sus dudas ante un proceso «poco transparente». El foco se ha puesto sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que se ha afeado que no aportara las puntuaciones que debieron llevar en teoría a la resolución aprobada por el Consejo de Ministros.

PP y Vox han valorado positivamente la decisión de judicializar el proceso, pero han urgido a exigir medidas cautelares para evitar que se produzcan inversiones que entorpezcan el caso y dificulten que Granada gane el pulso al Gobierno. También han mostrado sus dudas sobre la idoneidad de tomar la decisión en una comisión y no en el pleno, algo que ha resuelto el concejal Francisco Herrera al recordar que este órgano el que ostenta las competencias.

UP, por su parte, ha apoyado la propuesta de PP y Vox y ha hecho un encendido elogio tanto de la candidatura granadina como de la actitud que tanto el equipo de gobierno como la oposición ha tenido antes y después de conocer el resultado. Los morados han pedido que la unidad se mantenga para que se empiece a respetar la ciudad en próximos procesos.

Las formaciones han aprobado que la Asesoría Jurídica Municipal sea la encargada de la representación y defensa en juicio de los intereses de Granada. Así lo aconsejaban los informes técnicos aportados por el equipo de gobierno al expediente, que daban cuenta de que la vía administrativa estaba agotada y apuntaban a la opción del contencioso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Con esta decisión, ahora se abre un proceso complejo en el que el tribunal, tras tener constancia de la decisión del Ayuntamiento de Granada, debe reclamar toda la documentación sobre el proceso de selección de la sede al propio Gobierno del país. Una vez remitida, será enviada de nuevo al Consistorio, que tendrá un plazo de tiempo para completar la reclamación y hacerla efectiva ante el tribunal.

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