Granada arranca 2024 sin zona de bajas emisiones y sin fecha para activarla

La iniciativa, que tiene como objetivos mejorar la calidad del aire, reducir el consumo energético, combatir el cambio climático e impulsar el transporte sostenible, debía estar en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023. Para entonces, Granada, como el resto de ciudades afectadas por la ley, tenía la obligación de habilitar en su casco urbano una zona de acceso limitado con medidas para impedir la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Sin embargo, no ha sido así y, más de 365 días después, ni hay restricciones activas ni se las espera a corto plazo.

El incumplimiento de Granada no puede justificarse por falta de tiempo ni por desconocimiento. Todos los equipos municipales que han pasado por el Consistorio en los últimos años –tanto el encabezado por el socialista Paco Cuenca como el actual del PP con Marifrán Carazo al frente– conocían las instrucciones para poner en marcha las limitaciones. Fue en noviembre de 2021 cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó las directrices para la creación de zonas de bajas emisiones.

El documento, en cuya elaboración participaron todas las urbes del país a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, establecía la necesidad de habilitar un área de acceso regulado en función de los distintivos ambientales de los vehículos. Además, sugería alrededor de un centenar de medidas diferentes relacionadas con la mejora del transporte público, la integración multimodal, la digitalización, la electrificación de la movilidad o la distribución de mercancías que los consistorios podían activar a necesidad para adaptar la iniciativa a cada caso particular.

Las instrucciones no cogieron a la capital nazarí por sorpresa. El camino para la puesta en marcha se había iniciado un año antes, en 2020, con el gobierno de PP y Cs encabezado por Luis Salvador. Fue entonces cuando la totalidad de la corporación municipal acordó el diseño de una zona de bajas emisiones que abarcaba el Centro y buena parte de los barrios del Albaicín y Realejo. El perímetro de la 'almendra central', como fue rápidamente bautizada, estaba definido por el área entre el Paseo del Violón, Paseo de los Basilios, Carretera de la Sierra, Camino de la Silla del Moro, Sacromonte, Albaicín, Camino de la Ermita, Fajalauza, Pagés, Capitán Moreno, San Juan de Dios, Gran Capitán, Emperatriz Eugenia, Pedro Antonio de Alarcón y Ribera del Genil.

Un año después, con la llegada de los socialistas a la alcaldía, la ciudad avanzó las primeras medidas: 18 cámaras para controlar los accesos a la 'almendra central', un portal de consulta de autorizaciones, un programa de señalización en tiempo real de aparcamientos en superficie, un sistema de regulación del tráfico y un sistema de control de carriles reservados. Para ponerlas en marcha, durante los siguientes meses solicitó más de 10 millones de euros a Europa, que concedió los fondos. Aún así, a 2023 se llegó sin ninguna de las medidas ejecutadas.

Los socialistas iniciaron el ejercicio pasado acelerando la licitación de los contratos necesarios para poner en marcha la zona de bajas emisiones, a la que llegó a poner fecha de activación: diciembre de 2023. Las elecciones municipales, que dieron la mayoría absoluta a los populares, impidieron que pudieran cumplir su hoja de ruta.

En los últimos meses, el grado de avance no ha sido mayor. El equipo de gobierno de Marifrán Carazo se estrenó en verano anunciando que no pondría en marcha las restricciones sin realizar antes un estudio y un plan de aplicación. Mientras continuaba con la adjudicación de los proyectos, encargó un diagnóstico del que no ha dado cuenta pública todavía. En octubre, la edil de Movilidad, Ana Agudo, afirmó que la primera fase del análisis se había terminado. Según dijo en la comisión informativa del área, los técnicos habían recabado ya datos sobre la contaminación que producen todos los tipos de vehículos que habitualmente se desplazan por la ciudad y anunció que el siguiente paso sería determinar el tipo de restricción a aplicar para, al mismo tiempo, cumplir con la ley y evitar el hundimiento del pequeño comercio.

El gobierno local no habló de fechas entonces ni lo ha hecho ahora, arrancado el nuevo año. Este periódico contactó con el Ayuntamiento para conocer la situación del estudio y los planes para activar las limitaciones, sin obtener respuesta. El horizonte de aplicación en Granada queda así plagado de incógnitas que apenas logran aclarar las últimas declaraciones públicas realizadas por el portavoz municipal, Jorge Saavedra, sobre este asunto. El responsable manifestó la «voluntad clara y absoluta» del equipo de gobierno de mejorar la calidad del aire antes de asegurar que la zona de bajas emisiones se llevará a cabo «de forma progresiva, con plazos sensatos y teniendo muy en cuenta las necesidades de los residentes y los comerciantes».

En el aire quedan muchas preguntas. Se desconoce, por ejemplo, si las limitaciones estarán en vigor todos los días o tendrán un horario específico. No se sabe con concreción cómo afectará a las motos. No se ha definido con exactitud qué vehículos podrán circular, aunque la ley avanza ya que todos los que dispongan del distintivo 'O emisiones' o 'Eco' quedarán exentos de restricciones. Aún no se han hecho públicos los planes de la ciudad para los vecinos que residan en la zona afectada.