Nuria Alonso, de 39 años, es la quinta víctima de violencia machista en la provincia tras ser asesinada a puñaladas el pasado martes en Maracena a manos de su exmarido, autor confeso del crimen, un día después de recibir la sentencia de divorcio. Con su ... muerte deja un niño de 11 años huérfano de madre y convierte a Granada en la provincia española que encabeza con pesar la lista negra de la violencia de género con más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, según los últimos datos publicados por el Ejecutivo central. Es la cifra de asesinatos machistas más elevada que alcanza la provincia en los últimos 12 años.
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Hasta la fecha, 38 mujeres han sido asesinadas en España, diez de ellas en Andalucía y cinco de estas en Granada, provincia que iguala el número de víctimas mortales al total de Cataluña, segunda comunidad autónoma con más muertes por este tipo de crimen. Sólo una de las cinco mujeres asesinadas en Granada había interpuesto una denuncia previa a su agresor por malos tratos.
En el caso de Nuria, tanto la unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno como la propia Guardia Civil confirmaron la inexistencia de denuncias previas por maltrato, aunque sí es cierto que llegó a denunciar a su marido en el 2016 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, aunque el caso se archivó porque, al parecer, la víctima retiró finalmente la denuncia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
De las 38 víctimas a nivel estatal, sólo nueve habían denunciado previamente a sus maltratadores y únicamente en siete casos se solicitaron medidas de protección, a pesar de que finalmente se aplicaron en cinco. De estos cinco casos con medidas adoptadas, sólo en uno dejaron de estar vigentes por fin del periodo estipulado. El último informe muestra también que de las 38 mujeres asesinadas, cuatro contaban con medidas de alejamiento vigentes y en uno de estos casos el agresor las quebrantó. El documento tampoco pasa por alto los suicidios de los agresores tras consumar el crimen, seis de ellos se quitaron la vida tras cometer el asesinato de la mujer y otros seis lo intentaron sin éxito.
Las cifras son una forma simple y fría de representar el drama de la violencia de género que salpica de lleno a las familias de las mujeres asesinadas, pero que afecta a toda la sociedad. El 4 de febrero, el asesinato de Pilar, de 57 años, en Guadix, inició el contador de víctimas de violencia machista en la provincia. El 10 de mayo la víctima fue Mar Contreras, de 21 años, en Las Gabias. El 16 de junio, Josefa Martínez, 44 años, en Guadahortuna. El 14 de agosto Dúrcal se vistió de negro por el asesinato de Leyre, de 21 años y con un hijo de tres, y el pasado 25 de septiembre, Nuria Alonso engrosó la trágica lista.
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La vocal del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, Juana Gil, asegura que el mayor problema que existe para atajar esta lacra social es la ausencia de denuncias por parte de las víctimas o de sus más allegados y remarca que «el silencio mata». Por ello, recuerda que el pasado 3 de agosto se aprobó un Real Decreto que devuelve a los ayuntamientos las competencias para tratar en primer orden y hacer un seguimiento efectivo de las denuncias por violencia de género y de la situación de la mujer y de los hijos. «Sin una denuncia, no se puede activar el protocolo de protección a las víctimas y, en estos casos, lamentablemente se ha demostrado que el desconocimiento de malos tratos acaba en muerte», apunta. Gil añade que la mayoría de las víctimas no denuncia porque se sienten culpables de encarcelar al padre de sus hijos, además del miedo que las paraliza, pero sobre todo por el temor de que hagan daño a los hijos.
Miguel Lorente, médico forense y profesor de la Universidad de Granada (UGR), critica que haya una «infrautilización» de las medidas de protección para evitar estos asesinatos y a modo de ejemplo menciona la falta de uso de los brazaletes de geolocalización de los agresores. En este sentido, Lorente insiste en que el último Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el más completo de Europa para proteger a las mujeres, pero el problema es la falta de denuncias y del uso de las herramientas para evitar estas muertes.
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Tanto Gil como Lorente coinciden en que es literalmente de vital importancia formar con perspectiva de género a los profesionales que tratan a las víctimas, pero también educar con estos valores a la sociedad para erradicar la base cultural machista.
La última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía deja en evidencia el «colapso judicial» que existe en los órganos especializados en violencia de género que han asumido por ley la competencia de los quebrantamientos de penas y medidas de alejamiento por delitos de violencia machista. En el año 2006, se puso en marcha, a través de Servicios Sociales Penitenciarios de Granada, el programa de tratamiento en caso de suspensión o sustitución de penas para maltratadores. Sin embargo, la escasez de medios, ha obligado a asumir la tarea de dichos programas a una sola persona, psicóloga adscrita a los servicios sociales. En la actualidad, la lista de espera sólo para la primera entrevista asciende a un centenar de condenados con suspensión de pena que no se están beneficiando del programa de rehabilitación.
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