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El Ayuntamiento de Granada está elaborando un plan específico de autoconsumo para seguir avanzando en su objetivo de ahorrar costes energéticos y luchar contra el cambio climático. Dos premisas que además vienen impuestas por Europa en sus estrategias de cohesión. Aunque todo está aún «en ... pañales», en palabras del concejal Jacobo Calvo, se puede contar ya que en el Ayuntamiento se está elaborando un catálogo de bienes públicos donde podrían instalarse las primeras placas solares.
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Sergio González Hueso
Entre centros escolares y edificios municipales se han localizado por parte de los técnicos unos 105 puntos en la capital, inmuebles cuyas cubiertas suman una superficie útil aproximada de 13.000 metros cuadrados, según las primeras prospecciones. Son 36 centros educativos, a los que hay que añadir los centros cívicos, bibliotecas municipales o edificios administrativos como Mondragones o la Huerta del Rasillo, entre otros. Uno de ellos, el Palacio de los Deportes, será el primero en recibir la instalación fotovoltaica gracias a un proyecto piloto que está financiado por fondos europeos.
Esta será la primera piedra de toque de una estrategia transversal muy ambiciosa que promete transformar de punta a cabo los presupuestos del Ayuntamiento.
Los primeros cálculos que se han hecho hablan de que este plan, en máximos, podría hacer ahorrar a las arcas municipales entre el 80% y 90% de la cantidad que se está gastando ahora en consumo eléctrico. Son aproximadamente unos ocho o nueve millones de euros de los diez que se emplean actualmente en pagar facturas y que podrían destinarse a políticas sociales o estratégicas.
Jacobo Calvo explica que todo forma parte de una política municipal de energía ya en marcha y en la que también se incluyen, entre otras acciones, la instalación de luminarias con tecnología LED o la gradual renovación de la flota municipal de vehículos hasta su completa conversión 'verde'.
El autoconsumo es el estadio superior de toda esta estrategia que, como se ha dicho, es transversal. Calvo señala que aunque todo está sobre la mesa, la intención del actual equipo de gobierno es avanzar con pasitos cortos y siendo «muy prudentes» por varios motivos. Principalmente, porque todas estas estimaciones están sujetas a algunas variables importantes. Una es la normativa urbanística actual, donde están prohibidas, por ejemplo, estas instalaciones fotovoltaicas en barrios como el Realejo o el Albaicín por su impacto visual. Pero también se sabe en estos momentos que cualquier avance que se haga tendrá que conveniarse con otras administraciones, tanto respecto al uso de estas cubiertas, como también a la hora de mantener las placas, pues no todos los edificios públicos que compendia este catálogo son municipales.
«Entendemos que todas estas acciones implicará llevar a cabo acciones coordinadas entre distintas áreas del Ayuntamiento, pero también entre otras instituciones con las que tendremos que ir de la mano. Aunque la normativa autonómica es clara al respecto, aún quedan muchos flecos por cortar», señala el concejal, que estima que esta reconversión energética podría estar «rodada» en un plazo de cuatro o cinco años. En este tiempo será necesario también perfilar su financiación. Si será propia, a través de ayudas europeas, convenios o ambas combinadas, es algo que aún está por definir.
Dentro de este marco de actuaciones, en el Ayuntamiento de Granada también están en conversaciones para encabezar los proyectos de comunidades energéticas que nazcan en la ciudad. Para ello se han organizado ya varias jornadas informativas con colectivos vecinales. Entre otros, han participado comunidades de propietarios que en su día mostraron su interés por autoabastecerse de energía 'limpia' mediante la modalidad del autoconsumo compartido. Esta se rige por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, y consiste en la creación de una red cooperativa de consumidores conectados que comparten el caudal energético que generan las placas solares, ya sea en las cubiertas de sus edificios o en la de espacios públicos.
En la ciudad de Granada se han mantenido reuniones con propietarios de barrios como Albayda, Realejo o Parque Nueva Granada, donde incluso la asociación de vecinos de este barrio del distrito Norte está acopiando interés para lograr músculo. El presidente del colectivo, José Antonio Medina, explica a este periódico que de momento tienen el apoyo de tres comunidades, lo que suma 300 familias. Su interés no es otro que reducir las elevadas facturas que llegan de la luz, más si cabe en una zona en la que ya sabe todo el mundo que el suministro eléctrico no es precisamente el mejor de la ciudad.
«De momento se han interesado unas tres comunidades enteras y vecinos sueltos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde lo vamos moviendo. Nosotros creemos que cuantos más vecinos se apunten mejor», señala este hombre, que solo piensa en lo bien que le vendría al barrio algo de ahorro en las facturas. Su idea es presentar un proyecto para intentar captar dinero europeo, aunque todo sea aún incipiente.
La hoja de ruta se trazó en jornadas informativas que se llevaron a cabo con la ayuda de una cooperativa, Cooperase. También se está contando con el asesoramiento de técnicos de la Diputación de Granada, administración que ya trabaja para crear una oficina de transformación comunitaria, algo que se ha solicitado formalmente desde el Ayuntamiento. La diputada Ana Muñoz explica que el proyecto va a estar financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su presupuesto asciende a 728.850 euros, de los que 560.000 saldrán de la subvención que se solicita al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El resto, 168.850 euros, correrá a cargo de la institución provincial. La también edil de Granada apunta que el periodo de actuación de esta oficina empezaría el próximo 1 de octubre y que los objetivos son claros: asesorar a la ciudadanía y a las pymes en materia de ahorro de costes energéticos y producción de su propia energía. «Ni más ni menos lo que nos está demandando Europa», concluye Muñoz.
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