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EFE
GRANADA
Jueves, 2 de agosto 2018, 14:36
El Ayuntamiento de Granada ha impulsado un protocolo de emergencia (Pecol) para prestar atención a los migrantes «con dignidad« y respeto a los derechos humanos, con lo que se ha convertido en la primera ciudad española que organiza un dispositivo profesional junto a 46 entidades sociales.
La finalidad de las medidas es evitar situaciones de riesgo o exclusión social ante las circunstancias sobrevenidas que impone el contexto actual, según ha informado este jueves la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez.
Granada es la primera ciudad en acordar un protocolo de estas características y ya asesora a otros municipios para la puesta en marcha de dispositivos similares.
El Consistorio y las entidades colaboradoras ofrecen a los migrantes 66 recursos y servicios gracias al denominado 'Pecol'.
«No queremos permanecer ajenos a una realidad que nos afecta«, ha declarado Sánchez durante la presentación del protocolo junto a representantes de los colectivos implicados.
Estas organizaciones pidieron al Ayuntamiento respuestas y una reacción «contundente«, fundamentada en el respeto a las personas, la dignidad humana y sus derechos fundamentales.
Tanto el Ayuntamiento como las entidades admiten que la extranjería excede la competencia municipal, pero no el auxilio a las personas que lo precisan y la necesidad de eludir la improvisación.
La confluencia de recursos públicos y privados permiten articular una acogida colectiva de personas migrantes de manera organizada y profesional, bajo el liderazgo de la Concejalía de Derechos Sociales, durante un plazo máximo de 30 días.
Transcurrido este tiempo, los migrantes optan por seguir el viaje o por otras alternativas ajustadas a sus necesidades.
El protocolo está estructurado en siete redes de trabajo que incluyen salud, asesoría jurídica, traducción e interpretación, alojamiento y recursos básicos, planificación de viajes y contactos en destino, acompañamiento y ocio y finanzas.
«Hacen falta políticas valientes de acogida que rompan con el discurso xenófobo de las últimas semanas. Por eso tendemos la mano al Gobierno de España, que tiene la obligación de marcar la diferencia en aplicación de los derechos humanos«, ha subrayado la concejala.
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