Granada tendrá que pagar 10 millones de euros más por la basura que entra en el vertedero

Un nuevo impuesto amenaza las arcas de los ayuntamientos o directamente los bolsillos de los ciudadanos, algo que todavía está por ver. La tasa, creada por el Gobierno, la ingresarán las comunidades autónomas y tiene como objetivo fomentar el reciclaje y penalizar que la basura entre el vertedero sin opciones de ser reutilizada. De hecho, este impuesto se cobrará según las toneladas (30 o 40 euros por cada una, según del tipo que sean) que entren en la planta.

Según un primer cálculo de las entradas de residuos de la provincia en las plantas de Alhendín y Vélez a partir de los balances de cada uno de los procesos en 2022, se ha realizado una primera estimación que calcula los municipios granadinos tendrán que abonar unos 10 millones de euros a lo largo de este año.

Este gasto ha cogido por sorpresa a muchos de los ayuntamientos que no han programado en sus presupuestos este gasto de basura. De hecho, ahora pagan 23 euros por tonelada de basura que entra en la planta y ahora a cada tonelada habrá que sumarle 15 euros más.

La nueva ley establece también la obligatoriedad de la recogida selectiva de materia orgánica y la recogida es competencia municipal y el tratamiento de residuos también, aunque el tratamiento está delegado en la Diputación de Granada.

La institución provincial es la que se encarga de cubrir los gastos de gestión de vertedero de los municipios de menos de 5.000 habitantes y también asumirá el coste de ese impuesto en los pueblos pequeños. «Para el resto de municipios será la concesionaria la que tendrá que aplicar y cobrar lo que corresponda por tonelada vertida», indican desde el ente provincial.

Fuentes de esta institución aseguran que la Diputación «no es la que tiene que cobrar ese impuesto a los ayuntamientos» sino que es la empresa concesionaria, FCC, «la encargada de la gestión de la planta en su totalidad».

Además aseguran que el importe final que tiene que pagar la provincia dependerá del comportamiento ciudadano a la hora de separar residuos y de las medidas que adopten los municipios orientadas a reciclar más y mejor. Desde la Diputación manifiestan que es la Junta de Andalucía la que ha estimado en sus presupuestos del año 2023 que recaudará en torno a 90 millones de euros a través de este impuesto al vertido, pero no precisa en qué va a gastar ese dinero.

La Diputación de Granada entiende que lo recaudado por ese impuesto «debe ser finalista y repercutir en los ayuntamientos para que asuman los gastos que les supone la aplicación de la nueva ley». Los consistorios granadinos tendrán que buscar ahora el dinero para afrontar este impuesto, que en el caso del Ayuntamiento de Granada podría rondar los 2 millones de euros.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, resaltó cómo a las entidades locales serán las contribuyentes del impuesto y manifestó «la preocupación generalizada» que les han trasladado los ayuntamientos que gestionan la recogida de residuos municipales, «dado que no han dispuesto de tiempo suficiente para rediseñar sus tasas para poder repercutirlo sobre las mismas en 2023, lo que supondrá que esta tasa sea financiada íntegramente por estas entidades».

Desde la FAMP insisten al Gobierno andaluz en abrir un proceso de diálogo, que permita la reinversión en actuaciones municipales con carácter finalista de aquellos ingresos que ésta recibirá con cargo a esta nueva ley.

El presidente de la federación de municipios de Andalucía indicó que este dinero debería beneficiar a los municipios con proyectos que ayuden a una comunidad más verde, cohesionada y más social. Para ello, «es necesario codiseñar las políticas públicas y las actuaciones locales contando con ayuntamientos y diputaciones, desde el conocimiento de las necesidades locales, ya que es la mejor respuesta para hacer de la economía circular la mejor aliada para el desarrollo local», manifestó.