Granada pedirá al Gobierno que asuma los 25 millones en gastos de los campus de la UGR en Ceuta y Melilla

El Ayuntamiento de Granada pedirá al Gobierno de España que asuma los casi 25 millones de euros que suponen los gastos de funcionamiento e inversión de los campus de la Universidad de Granada (UGR), ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, mediante una moción que el equipo de gobierno local del Partido Popular llevará al próximo Pleno Ordinario del 26 de febrero de 2025.

Así lo ha señalado el portavoz de gobierno municipal, Jorge Saavedra, quien ha añadido que, con esta propuesta «vamos a requerir al Ejecutivo que compense con carácter retroactivo las aportaciones presupuestarias realizadas por la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía durante los últimos 10 años para el mantenimiento y funcionamiento de estos campus».

Igualmente, el Consistorio va a solicitar al Gobierno además que «una vez asuma el coste real del mantenimiento y funcionamiento de los campus de la Universidad de Granada ubicados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, destine la financiación autonómica que venía aportando para los citados campus al sistema público universitario andaluz a través del modelo de financiación universitario».

Jorge Saavedra ha subrayado que «la financiación destinada por el Estado para el sostenimiento de estas infraestructuras educativas resulta claramente insuficiente para cubrir los costes reales de su funcionamiento, además de ser un ejemplo más de los agravios del PSOE de Sánchez a Granada».

Así, ha explicado que «en el ejercicio 2023, el coste estimado para el desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada a impartir en los centros universitarios de Ceuta y Melilla era de 21,6 millones de euros; en el ejercicio 2024, el coste total de ambos campus ha sido estimado en 24,3 millones de euros, mientras que la aportación estatal consignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tanto para 2023 como para 2024, asciende únicamente a 9,08 millones, una cifra congelada, a pesar del incremento de los costes de funcionamiento».

Saavedra ha indicado que «esta infrafinanciación obliga a la Junta de Andalucía y a la Universidad de Granada a cubrir el déficit con recursos propios, generando una desviación de fondos que afecta al conjunto del sistema universitario público andaluz y limita la capacidad de inversión en actividades académicas, de investigación y transferencia de conocimiento».

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