Granada perderá de forma definitiva ocho cuarteles de la Guardia Civil en la provincia

El enfado del Partido Popular por estas medidas lo explica la senadora Inmaculada Hernández, ex alcaldesa de La Zubia. «Lejos de convocar nuevas plazas y dar oportunidades a la gente, la solución que propone el Gobierno es cerrar los puestos de los pueblos más pequeños». Destaca en este sentido que esta medida afecta a 62 en toda España, «y los primeros que caen son los puestos auxiliares de los pueblos chicos donde hay uno o dos agentes de la Guardia Civil».

Esta medida, además, tiene una especial repercusión en el territorio de la provincia de Granada, denuncia la senadora del Partido Popular. «A nosotros nos da de lleno en Granada, porque nos cierra cinco puestos auxiliares de la Guardia Civil en Iznalloz, Cacín, Gorafe, Galera y Moclín». Hay más. «Hay otros tres puestos ordinarios de la Guardia civil que desaparecen. Se trata del de La Herradura, Castril y Murtas». Se da la circunstancia de que el puesto de Murtas lleva sin estar operativo 24 años. «Lo cerraron en el año 2000 para rehabilitarlo y ya está cerrado. Con el plan, queda fuera».

La misma situación, al parecer, se da con los otros dos puestos, el de La Herradura y el de Castril, apunta la senadora. La cuestión es que también denuncian la falta de información sobre la medida, su aplicación y sus repercusiones.

La senadora apunta que «esta información es la que he pedido por escrito al ministro del Interior, y estoy a la espera de la respuesta. Los datos que tengo son de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil. Por eso hemos pedido la comparecencia del director general de la Guardia Civil en la comisión de Interior, y hemos pedido desglose de la información en las dos cámaras». La idea es saber el alcance de la medida y saber a cuántos guardias civiles afecta y las repercusiones de su desaparición en el territorio.

«No queremos que se cierren, y respecto a los que ya están cerrados, queremos que se invierta en su rehabilitación y se doten las plazas de Guardia Civil suficientes, para tener los pueblos atendidos».

Esto preocupa de forma directa al Partido Popular. «Está en juego la seguridad, porque el índice de delitos no son precisamente en la provincia de Granada como para quitar la Guardia Civil». Además, afecta de forma determinante a las políticas para combatir la despoblación.

«Nos preocupa el reto demográfico, perder infraestructura. Quitar estos puestos no ayuda a vertebrar el territorio, algo a lo que ayuda la Guardia Civil porque está presente, da seguridad, ayuda a implantar empresas y a que el campo y el sector agrícola funcione y no haya robos», explica la senadora del PP, que añade:«Si quieren quitar la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña, que la tragan para acá».