Granada pone el foco sobre las piscinas y los cambios de uso de inmuebles no notificados

Hace algo más de un año, la concejala de Economía, Rosario Pallarés, ya avanzó la intención del área de poner en orden la información fiscal del Ayuntamiento. La responsable puso el foco sobre el catastro, una de las herramientas más importantes de que disponen las administraciones locales para definir las tasas e impuestos. Según aseguró entonces, este registro no estaba debidamente actualizado y contaba con notables deficiencias que estaban teniendo consecuencias sobre expedientes de ingresos tan relevantes como el IBI.

Ya este 2024, el área adjudicó un contrato menor a una empresa externa con objeto de que hiciera un estudio sobre la situación de los inmuebles de la ciudad, una información que ya obra en poder del Gobierno local y que ha desvelado este martes Pallarés en la comisión informativa de Economía. Según ha explicado, el análisis ha revelado irregularidades en muchas de las propiedades de Granada, hasta medio millar. El contrato, sin embargo, solo permite perseguir unas 202 de las detectadas, un proceso en el que ya trabajan los técnicos para poner en marcha cuanto antes.

La mayor parte de los errores corresponden a cambios de uso no notificados. Hasta 61 se han localizado en inmuebles cuyo valor catastral aumentará en 8,8 millones de euros cuando se regularicen. Asimismo, son muy importantes las alteraciones relacionadas con piscinas ilegales. Unas 53 se han detectado en el término municipal de la capital, lo que afectan a un valor de 302.000 euros en el catastro.

Los expedientes de obra y rehabilitaciones, con 34, también son numerosos. Su regularización permitirá incrementar el valor en 4 millones. 15 más supondrá la normalización de las 19 alteraciones detectadas en relación con obra nueva no inscrita en el registro. También son numerosos los expedientes pendientes de normalizar vinculados a la superficie. 26 son los que cuentan con mayor superficie real de la comunicada, un cambio que subirá la referencia del catastro en 6 millones.

En total, estos y otros cambios van a suponer un incremento del valor catastral de los inmuebles que supera los 25 millones. Esta cantidad formará parte de la nueva base imponible de esas propiedades, es decir, la cifra a partir de la cual se calcularán los impuestos de sus respectivos dueños. Pallarés ha explicado que el área ya ha hecho una estimación de lo que puede conseguir a través de la regularización, un proceso que permitirá ingresar algo más de 600.000 euros -unos 162.000 euros por cada uno de los cuatro años adeudados de los contribuyentes afectados- a las arcas municipales.

La edil ha sido clara al especificar que esta medida no supone un aumento de las contribuciones ni una mayor presión fiscal para los granadinos. «No se ha tocado el tipo, así que no vayan a decir que hacemos pagar más porque no es así», ha reclamado a los grupos de la oposición. Como ha defendido, se trata de un ajuste a ciudadanos «que están pagando menos de lo que les corresponde y por eso regularizamos su situación tributaria». «Son criterios de justicia tributaria», ha insistido.