Granada simplifica la tramitación de contratos para reducir plazos

Tal y como han explicado, la principal novedad deriva de la delegación de competencias en materia de contratos desde la junta de gobierno local a la responsable de Contratación del Consistorio, que es la propia Pallarés. Esto va a permitir que los expedientes no tengan que pasar necesariamente por el órgano, sino que podrán ser dirimidos por la edil. Así, ostentará facultades para fijar criterios y órdenes, aprobar procedimientos de adjudicación, aceptar propuestas de la mesa de Contratación o incoar penalidades.

El cambio no afectará a todas las licitaciones, sino que se limitará a aquellas que no superen los 3 millones de euros. Se trata de un límite autoimpuesto que, como han detallado los integrantes del equipo municipal, va en la línea de lo que se hace en otras capitales andaluzas, como Sevilla, donde la restricción alcanza a los contratos con valores inferiores a los 5 millones de euros.

Tanto Saavedra como Pallarés han insistido en que los cambios «no afectan ni a la seguridad jurídica ni a la transparencia». Como han recordado, los expedientes seguirán requiriendo la aportación de los informes técnicos preceptivos, que son visados por los funcionarios, y tendrán que seguir publicándose como hasta ahora en la Plataforma de Contratación del Estado para su público conocimiento.

La iniciativa, como han resaltado los dos dirigentes, deriva del «gran volumen» de contratos que el Ayuntamiento de Granada está sacando adelante en los últimos tiempos. Según han detallado, las adjudicaciones se han incrementado desde un valor estimado de 91 millones de euros en 2023 a los 141 del ejercicio pasado.

La previsión, no obstante, es que es el crecimiento sea aún mayor este año, cuando Contratación debe sacar adelante expedientes ligados al nuevo plan municipal de obras, los fondos EDIL -que sustituyen a las EDUSI-, el plan de turismo de grandes ciudades o los programas vinculados a otros fondos europeos. La estimación que maneja el equipo de gobierno es que alrededor del 80% de los contratos previstos para 2025 puedan beneficiarse de esta medida.

Saavedra ha reivindicado una propuesta que se va a traducir en una «mejora» de la gestión de los contratos, que podrán agilizarse, y ha insistido en que no será menoscabo «ni para la seguridad jurídica ni la transparencia».

Pallarés, por su parte, ha enmarcado la modificación en el interés del equipo de gobierno por acelerar las tramitaciones. Como ha recordado, ya al comienzo del mandato, su área aprobó una instrucción para agilizar los contratos menores, estableciendo un plazo máximo para que las concejalías pudiesen solicitar este tipo de licitaciones. Más recientemente, también se aprobó la realización de reuniones entre Contratación y las áreas previas a la remisión de los pliegos con el fin de resolver las dudas y dirigirlos de forma correcta.