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La última edición de la Encuesta de Población Activa (EPA), que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos del tercer trimestre de 2024, vuelve a situar a Granada como la provincia con la tasa de paro más alta de España, ... solo por detrás de las cifras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No es la primera vez que ocurre, y es habitual que la provincia se reparta esta posición en el escalafón con lugares como Jaén o Cádiz. La destrucción de empleo ha sido significativa en el último año, a lo que acompaña una caída en la población activa, es decir, aquella que está en edad de trabajar y quiere hacerlo, lo que resulta un aviso de una coyuntura difícil para el mercado laboral granadino.
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En concreto, la provincia cerró el tercer trimestre con 99.400 desempleados, lo que vuelve a situarla al borde de los cien mil, la cota psicológica a la que ya apuntaban los datos del paro registrado, que en realidad mide el número de demandantes de empleo. Esto supone una tasa de paro del 22,14%, lo que implica que algo más de uno de cada cinco granadinos en edad de trabajar se encuentra en esta situación.
Esta es la cifra más alta para cualquiera de las provincias españolas, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que ocupan de forma habitual los dos primeros puestos tras alcanzar tasas del 29,3% y 27,1%, respectivamente. No es la primera vez que en fechas recientes Granada recibe este farolillo rojo en términos de empleo. En el último trimestre de 2023, por ejemplo, la provincia ya se encontró en esta misma situación, aunque entonces lo hizo con un porcentaje de desempleados inferior, del 21,6%.
El incremento se debe a dos tendencias que se han dado a la vez: el descenso de la población activa, es decir, aquella que está en edad de trabajar y quiere hacerlo, y la destrucción de empleo, que ha alcanzado a 20.600 personas en los últimos doce meses, siempre según las cifras del organismo estadístico nacional. La mayor parte de los puestos de trabajo que han desaparecido desde el mismo momento del año pasado, ocho de cada diez, se encontraban en el sector servicios, mayoritario en la provincia y el más castigado por este cambio en la coyuntura del empleo. La industria y la construcción, por su parte, se dejaron cada una hasta más de seis mil puestos de trabajo en doce meses. Solo la agricultura, a menudo sector refugio en momentos económicos complicados, ofreció en este sentido un dato positivo, con 8.600 trabajadores más que al cierre del tercer trimestre de 2023.
Pese a lo negativo del dato de tasa, que se debe sobre todo al descenso de la población activa, cifrado en 23.700 personas en Granada en el último año, lo cierto es que, en números brutos, hay hoy menos parados que hace un año en la provincia. Entonces eran 102.600; hoy, 99.400. El problema es que el descenso en el número de personas con trabajo es bastante más elevado: alcanza a 20.500 granadinos.
Los principales sindicatos de clase reaccionaron este viernes a los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística. Comisiones Obreras los calificó como una señal de «un deterioro significativo de la situación laboral» en Granada, «muy por encima de la media nacional», y destacó que el aumento del empleo tras la temporada de verano «subraya la naturaleza precaria y temporal del empleo que se está generando en la provincia». La organización considera que «es urgente construir un modelo económico más diversificado, que no dependa exclusivamente del turismo, y que permita la creación de empleos estables y de calidad. Necesitamos un cambio de rumbo», remacharon.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores, a través de su secretario provincial, Luis Miguel Gutiérrez, abundó en esta idea, señalando que las cifras «dejan en evidencia la estacionalidad crónica de nuestro mercado laboral». «El cambio de modelo productivo en nuestra provincia, a uno que no esté basado en el sector servicios, se hace cada vez más necesario», aseguró.
También reaccionó a la última EPA la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). Su secretaria general, María Vera, mostró su preocupación por la «complicada situación de la empresa, especialmente de las pymes y mycropymes», por el incremento de costes y una «continuada pérdida de productividad que dificulta el mantenimiento del empleo pese al esfuerzo que están haciendo las empresas». En su opinión, también son necesarias «medidas de calado que nos permitan salir de los últimos puestos del mercado laboral» en España, afirmó Vera.
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