Los granadinos tendrán que pagar 31,4 millones por la nueva tasa de tratamiento de basura

En el caso de la capital nazarí, el área de Economía, que dirige la popular Rosario Pallarés, lleva meses analizando la legislación y estudiando diferentes fórmulas para distribuir la tasa. Aunque el modelo escogido aún no está cerrado, la concejalía sí cuenta ya con un primer informe que establece a las claras cuánto dinero deberá afrontar la ciudad por el nuevo gravamen. La cifra, según los cálculos de los técnicos municipales, alcanza los 31,4 millones de euros.

La cuestión fue abordada este lunes en la comisión informativa del área, donde la edil dio cuenta a los grupos municipales de la situación exacta de los trabajos previos a la implantación. La responsable reconoció su «preocupación» por la llegada obligatoria de la tasa y aseguró que todos los esfuerzos realizado por la concejalía están encaminados a «evitar una mayor presión fiscal y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la cuota sea la menor posible para el contribuyente».

Pallarés reconoció que los estudios de los costes de recogida, transporte y tratamiento están determinados, pero es la repercusión en los ciudadanos «la que está por perfilar». En este sentido, preguntada por la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, que se interesó por los plazos, la concejala de Economía mostró su «deseo» de cumplir con la fecha impuesta por la legislación en abril. No obstante, advirtió que el Ayuntamiento avanzará en este tema «con cautela». Según insistió, el equipo de gobierno «prefiere ser cauto en los tiempos y que no salga, en la medida de lo posible, una cosa que suponga aumentar la presión fiscal».

La portavoz de Vox, por su parte, mostró su interés por la situación exacta de los estudios en torno a la aplicación del gravamen y solicitó al equipo de gobierno que analice bien la normativa con el objetivo de considerar la posibilidad de pedir una moratoria del abono. «Mucho nos tememos», dijo, «que abril sea el mes del 'tasazo'».

La falta de concreción de la ley sobre la aplicación real del impuesto es una de las críticas más repetidas en los últimos meses. La tasa pretende la implantación de prácticas como la reducción de los residuos mezclados, uno de los grandes problemas del reciclaje, pero deja abierta a los municipios la fórmula de aplicación, que puede ser de cuota única, por valor catastral y censo, la basada en la generación de residuos por barrios o por la generación individual.

La normativa, por otra parte, permite también la posible inclusión de incentivos o separadores en la distribución del impuesto. Para ello, se abre a descuentos en caso de viviendas de alquiler vacacional que tengan recogida separada, bonificaciones por compostaje o beneficios dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad, por ejemplo.

Esta falta de concreción, sin embargo, está siendo criticada por los municipios, con voces surgidas en los últimos meses que así lo ponen de manifiesto. Desde hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reconoció su «preocupación» por la «falta de armonización». El órgano supramunicipal advirtió de la «confusión» que está generando en las localidades y solicitó al Gobierno que ajustara la legislación con el objeto de hacerla «más clara».