Cae un grupo criminal de Granada que vendía contratos de trabajo y altas falsas en la SS para traer a familias enteras desde Marruecos

La investigación se inició a finales de 2018 al detectarse en la Oficina de Extranjeros de Granada un elevado número de solicitudes de contrataciones en origen de ciudadanos magrebíes, por parte de varias empresas agrícolas pertenecientes a una misma familia de una localidad de la Comarca del Marquesado cercana a Guadix.

Los primeros pasos de la investigación evidenciaron que los empresarios padre e hijo, que disponían de maquinaria agrícola con la que trabajaban en tierras propias y prestaban servicios a terceros, realmente no tenían ningún trabajador extranjero marroquí contratado y tenían una estrecha relación con un bufete de abogados de Granada, en el que trabaja como secretaria una mujer de origen marroquí y dicho despacho actuaba como representante en todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros.

En los primeros días del mes de Junio de este año, se llevo a cabo una actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en las explotaciones agrícolas y en un domicilio, fruto de la cual se ha descubierto que un total de 20 ciudadanos marroquíes habrían logrado obtener de modo ilegal autorización de residencia y entrada en territorio nacional, con falsas ofertas de trabajo y altas ficticias en la Seguridad Social, además de otros 22 expedientes que están en trámite.

Demostraría la avaricia de los empleadores el hecho de que uno de ellos, en situación de jubilado y a su vez benefactor él y su esposa de la Ley de la Dependencia, por la que una mujer contrata por el Ayuntamiento de la localidad donde residían trabajaba cuatro horas diarias en esa actividad, habría hecho contratos de trabajo de falsos empleados de hogar a seis ciudadanos marroquíes que lograron regularizarse en fraude de Ley.

Los falsos empleadores, que resultaron detenidos, cobraban una cantidad que variaba de entre 5.000 y 8.000 mil euros a los padres de cada extranjero a los que supuestamente contrataban, aprovechando una excepción legal, que permite dar derecho de residencia a esposos e hijos mayores de edad y así habrían llegado a traer en algún caso hasta cinco hijos de una misma familia, cantidad que se repartían porcentualmente los cuatro miembros de la organización.

La forma de proceder de la organización hacía necesaria la participación de alguien con conocimientos jurídicos, en este caso un letrado con despacho profesional cercano a la Oficina de Extranjería de Granada y su empleada, conocedora del idioma y que hacía labores de captación, quien incluso propuso a los empresarios traer a sus familiares.

A instancia de la Policía Nacional, la Oficina de Extranjeros de Granada ha denegado todas las autorizaciones de residencia en trámite y la extinción de las concedidas y a su vez la Tesorería de la Seguridad Social ha decretado la nulidad, por ficticios, de los periodos de alta en Seguridad Social de los falsos trabajadores e impuesto órdenes de detención a un elevado número de ciudadanos extranjeros, tanto a los regularizados de modo ilegal, como a sus padres que dieron derecho en fraude de ley, algunos de los cuales ya han sido detenidos, continuándose la investigación sobre los hechos descritos anteriormente.

Los hechos han sido comunicados a la autoridad judicial.