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Es una funda que cuesta entre 60 y 70 euros, pero pocos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado disfrutan de ella. Este utensilio sirve para que el arma nunca pueda salir si se intenta sacar de frente o en posición vertical. Una funda que podría evitar muertes como la de José Manuel Arcos, el guardia civil que presuntamente fue asesinado con su propia arma reglamentaria el pasado 15 de octubre en Huétor Vega.
Tener este tipo de funda es una petición reiterada, tanto de agentes de Policía Nacional como de los de la Guardia Civil, aunque la respuesta no llega y parece que tampoco se la espera. El Ministerio del Interior aprobó en el mes de septiembre comprar una remesa de fundas antihurto, aunque no serán para distribuirlas entre agentes que no la tenían antes. Estas fundas irán destinadas a cambiar las que ya tiene el grupo de la Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidos por 'antidisturbios'. Estos agentes de la Policía Nacional son los que se dedican a actuar en manifestaciones y también protegen personalidades y edificios. Así pues, otros agentes seguirán esperando a las fundas antihurto. Desde el Ministerio del Interior apuntan a una «capacidad presupuestaria» limitada para la renovación de estas fundas, por lo que ahora mismo no está planteada la distribución de este utensilio en masa.
A pesar de la negativa del Ministerio desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) apunta a que van a seguir reclamando esta tipo de fundas. «Nosotros las vamos a seguir pidiendo, si se lo dan a los policías que nos las den también a nosotros, afirman Juan Fernández, portavoz de la AUGC.
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