La herencia del Nevada en el déficit de la Junta

La traducción ha sido que la ministra María Jesús Montero 'interviene' la Junta por desviarse de un presupuesto que hizo la consejera María Jesús Montero. Y ambas, además de llamarse igual, son la misma persona.

Luego están las casualidades. Como que una carta fechada el 5 de diciembre trascienda diez después; 48 horas antes de que Pedro Sánchez llamase a Juanma Moreno en su ronda de consultas. O que se presente como excepcional algo que lo es solo en parte. Según la documentación de la Cámara de Cuentas, Andalucía cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda en 2016 y 2017, pero no lo hizo ni en 2014 ni en 2015. Entonces ya se vivió una circunstancia similar con Mariano Rajoy todavía en el Gobierno.

Es cierto que en 2018, la Junta también se saltó la regla de gasto. El actual gobierno andaluz achaca fundamentalmente el «exceso» al cumplimiento de dos sentencias judiciales que arrastraban de la etapa socialista. Una está relacionada con el metro de Sevilla (358 millones) y la segunda es la indemnización al empresario Tomás Olivo por la paralización durante ocho años de las obras del Parque Comercial Nevada. El promotor logró que tanto el Tribunal Superior de Andalucía como el Tribunal Supremo le dieran la razón en su reclamación a la Junta. Sólo en parte, porque fijaron la compensación, primero, en 157,4 millones y, finalmente, en 165,6, mientras que Olivo reivindicaba el doble.

Hace ahora un año, pasadas las elecciones del 2 de diciembre y mientras PP y Cs negociaban el acuerdo del cambio, el gobierno en funciones de la Junta depositó en una cuenta 168.258.287 euros, que es la cantidad a la que ascendió la indemnización una vez sumados los intereses. Aquel 'imprevisto' descuadró el presupuesto andaluz de 2018 y ha provocado que Andalucía no pueda acudir ahora a los mercados financieros.

Pero la indignación y sorpresa mostrada por el gobierno andaluz hay que ponerla en contexto. El pulso judicial entre la Junta y Tomás Olivo en la etapa socialista tiene un momento oscuro que nunca se ha terminado de aclarar. El letrado que debía comparecer el 6 de junio en la vista no acudió y el juzgado únicamente valoró la pericial presentada por Olivo. La jefa de los servicios jurídicos de la Junta en Granada en aquel momento era Elisa Fernández Vivancos; la misma que Ciudadanos propuso como delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local y renunció en menos de 24 horas antes de tomar posesión del cargo.

Fernández Vivancos siempre ha derivado la responsabilidad sobre el letrado que tenía asignado el caso y no acudió a la cita por un descuido. Elisa fue relevada de su puesto y actualmente se encuentra en excedencia. La Consejería de Presidencia, por resolución del 15 de marzo de 2017, adjudicó por libre designación el puesto de jefe de los servicios jurídicos en Granada, precisamente, al letrado que se olvidó de asistir a la vista que le terminó costando a la Junta 168,2 millones de euros. Una sentencia por la que Juanma Moreno reprocha al Gobierno central que le intervenga las cuentas.

También Juanma Moreno mantiene al mismo letrado como jefe de los servicios jurídicos en Granada.

Hay una edad en la que consideras imposible que exista alguien sobre la faz de la tierra capaz de rechazar una copa invitada. Más tarde llega otra etapa donde la palabra canapé resulta como mentar al diablo. Por aquello de fomentar la convivencia, el alcalde de Granada promovió una comida tras el pleno del pasado viernes. Vox ya tenía un compromiso y algún que otro concejal rehusó.

Al final, se suspendió la convocatoria del viernes y el bipartito optó por un encuentro bilateral a mitad de semana en un restaurante junto a la calle Ganivet. Hubo una amplia representación tanto de PP como de Ciudadanos. Estuvo Luis Salvador. Otros no estuvieron.