«Nosotros no hicimos nada malo, son multas injustas que buscan meternos miedo»

Un mes después, Miguel y sus compañeros han recibido por correo certificado la comunicación de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Subdelegación del Gobierno en el que les comunican una multa de 800 euros por falta grave de resistencia a la autoridad y negativa a identificarse. Si la pagan antes de quince días la sanción se reduce a la mitad pero los agricultores de Vegas, apoyados por Asaja, han optado por plantar batalla, recurrir y movilizarse para pedir el archivo de todos los expedientes.

«Nosotros no cortamos la carretera, queríamos circular por la derecha y fueron los agentes los que se pusieron delante y no nos dejaron pasar. No me arrepiento de nada porque no hice nada malo, ni me negué a identificarme, ni les falté el respeto. Los primeros de la caravana les dimos el DNI e hicieron fotos a las matrículas de todos. Vamos a pelear y a recurrir las sanciones porque ni tienen razón, ni podemos pagarlas, es una injusticia», protesta el agricultor, que insiste en que la marcha fue totalmente pacífica y no comprometió la circulación ni puso en riesgo a nadie.

Su primo Fernando Ros, líder del grupo de Vegas del Genil, se siente responsable por las multas que le han caído a sus vecinos y amigos y no parará hasta buscar una solución. «Somos gente trabajadora del campo que nunca buscó conflictos, estas multas intentan meter miedo y que la gente no quiera ir a las tractorada convocada para el día 22», lamenta Ros. »O las archivan o entre todos los labradores haremos una colecta y las pagaremos porque es una lástima que se cargue así la culpa en unos cuantos cuando todos luchábamos por lo mismo«, subraya.

Y de la Vega al norte de la provincia, donde también han llovido las multas. Tan solo en Seguros y Asesorías Sánchez, una gestoría de Puebla de donde Fadrique, están tramitando las alegaciones para 35 vecinos sancionados en el pueblo por una protesta del 7 de febrero en la que se cortó la A-330. Los expedientes sancionadores suman 40.000 euros.

«Todos hicieron caso a las indicaciones de las fuerzas de seguridad, les dijeron que si movían los tractores no habría denuncias y nos engañaron. Hay denuncias surrealistas, a una vecina la sancionan por empujar con un carro de bebé a la Guardia Civil», explica Álvaro Romero, gestor que está tramitando las alegaciones para estos sancionados.

Los vecinos de Puebla de don Fadrique han pedido a su alcaldesa mediación para pedir el archivo de los expedientes. «Vamos a alegar porque no hicimos nada malo, aquí no hubo enfrentamientos ni faltas de respeto a la autoridad», asegura.

La ley contempla multas de entre cien y 600 euros en el caso de las que se califiquen como leves y de 601 euros hasta 30.000 en el caso de las que se califiquen como graves. Para calcular la cuantía, la Subdelegación valora cada expediente «de forma unitaria», en función de los datos aportados por los agentes sobre el terreno y las consecuencias provocadas.

La junta directiva de Asaja Granada ha acordado pedir a la Subdelegación del Gobierno el archivo de todos los expedientes de sanción recibidos por los agricultores en los diferentes actos de protesta llevados a cabo en la provincia desde el pasado 6 de febrero.

«El subdelegado parece haberse contagiado de la impunidad que gobierna el país con la arbitraria interpretación de la Constitución Española y ahora pretende sancionar o reprimir el derecho democrático de reunión criminalizando a los agricultores, que solo son víctimas de la propia incapacidad de la Administración para resolver los problemas del sector. Otras provincias y subdelegados han permitido las tractoradas y no han abusado de su autoridad», esgrimen desde la organización agrícola.