La huelga de funcionarios de Justicia, en 'stand by' hasta nuevo Gobierno

Ahora, cuando agosto está ya casi agonizando, los trabajadores de los juzgados de Granada (auxilios, tramitadores y gestores) están regresando de forma paulatina a sus mesas en las oficinas, atentos a la conformación del Gobierno y esperanzados en que el nuevo titular de Justicia se siente de inmediato con sus representantes sindicales en el Comité de Huelga para dar una solución al conflicto.

Sólo así se evitaría que retomasen una huelga que está atascando los juzgados de todo el país, con el consiguiente perjuicio que se causa al ciudadano, principal damnificado por los aplazamientos y suspensiones, y a los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores y graduados sociales).

Cabe recordar que los funcionarios judiciales, un colectivo integrado por más de mil trabajadores en la provincia, no sólo piden una subida salarial, algo que sí consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) con sus presiones, así como los jueces y fiscales con su amago de huelga. Reclaman también que la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) sea negociada con ellos, además de sus funciones en las oficinas judiciales sean claras y definidas.

«Tras las elecciones, encima en período de vacaciones, no hay ningún cargo con responsabilidades en Ministerio. La incertidumbre sobre quién será el que forme gobierno, tampoco ayuda así que de momento estamos expectantes y a la espera de la formación del nuevo Gobierno de la nación y, especialmente, quién va a ser la persona que asumirá la cartera de Justicia», manifiesta Nicolás Núñez, coordinador del STAJ en Andalucía.

Tras este mes de agosto, según Núñez, los sindicatos representativos de ámbito nacional que componen el Comité de Huelga (STAJ, CSIF, CCOO y UGT) se reunirán para decidir qué nuevas acciones realizarán «para trasladar al futuro Gobierno que el conflicto no ha terminado, que sigue plenamente vivo, porque aún no se ha buscado ninguna solución ni respuesta a las reivindicaciones planteadas en su momento por los trabajadores y que siguen estando plenamente vigentes».

Éstas, como recuerda, pasan por «la negociación en mesa» de los importantes cambios para la condiciones de trabajo del colectivo que supondrán las nuevas leyes que pretenden reformar la Administración de Justicia, especialmente, como se ha indicado, la LOEO. En cuanto a los salarios, el representante sindical recuerda que exigen una adecuación «en la misma línea y proporción que la acordada por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez para jueces, fiscales y LAJ».

Las últimas movilizaciones desde que se suspendió la huelga indefinida por unanimidad por parte del Comité de Huelga nacional fueron una concentración de protesta a las puertas de la Moncloa y una manifestación en Logroño, con motivo de una reunión de los responsables de Justicia de Europa.

Así lo detalla Francisco Vílchez, de CCOO. Desde ese momento, los sindicatos aguardan a los futuros dirigentes del país. «No hay Gobierno ni se sabe con seguridad si lo habrá, por lo cual estamos pendientes de que se forme nuevo Gobierno y empezar a tener algún tipo de contacto».

«Esperemos que los responsables del nuevo Ministerio de Justicia sean más sensibles con nuestras justas reivindicaciones y no perjudique más el servicio público de justicia ni a la ciudadanía ni al profesional», agrega Vílchez.

Antonio González, de UGT, recuerda que la huelga, que ha sido el mecanismo para defender los derechos tanto profesionales como económicos del colectivo, se suspendió «cautelarmente» tras la convocatoria del 23J, «ya que el Gobierno y el Ministerio de Justicia nos ignoraron de una forma descarada a los funcionarios de Justicia; fue un desprecio total».

Durante las movilizaciones, como subraya González, los sindicatos mantuvieron conversaciones con todos los partidos políticos y «todos« les prometieron que en la nueva legislatura se iban a atender sus reivindicaciones.

Se comprometieron tanto el PSOE, a través de la diputada Carmen Calvo, como el PP, a través de Carlos Rojas, según el sindicalista, que afirma que les dijeron que les recibirían a partir «de agosto o septiembre, cuando se fueran a constituir las nuevas Cortes Generales».

Los sindicatos tratarán entonces de reunirse con el nuevo ministro o ministra de Justicia y, si no hay ningún avance, retomarán las acciones de protesta en defensa de su dignidad, aunque conscientes del «grave daño» que se ha hecho a los ciudadanos con los anteriores paros, iniciados el 17 de abril.

El SPJ-USO, como se ha reseñado, fue el último sindicato en aplazar la huelga; aguantó hasta el último viernes antes del domingo de elecciones. Como el resto, este sindicato permanece a la espera de que el nuevo Gobierno tome forma y color, «y parece por todo lo que se está viendo que será del mismo que el anterior», indica el delegado Eloy Maza.

Maza utiliza un símil futbolístico para describir la situación que están viviendo desde que comenzaron las movilizaciones. Cree que ya se ha producido «la primera parte del partido», en la que los huelguistas han logrado «la visibilidad» de sus demandas a través de la prensa.

«Hemos sido muy mediáticos y hemos conseguido alertar a todos los políticos, de un color o de otro, en el sentido de que es necesario dar una solución global a la Justicia. Porque esta huelga no es sólo por reivindicaciones económicas, sino que es una huelga total por las malas condiciones laborales que sufrimos los funcionarios de Justicia y por el clasismo que existe en la Administración de Justicia», enfatiza.

Maza, al igual que el resto de representantes sindicales, confía en que en esta «segunda parte del partido» los políticos cumplan sus promesas. Sea como fuere, el SPJ-USO tiene la vista puesta en el acto previsto en Granada en octubre con motivo de la Presidencia de la UE por parte de España. «Evidentemente, ahí vamos a estar, con movilizaciones, con concentraciones, con todo lo que tengamos que hacer, sin la convocatoria todavía de huelga». La huelga, como incide, «está aplazada 'sine die' hasta ver cómo respira este nuevo Gobierno».