El incremento de precios se va al 7,6% en Granada, el nivel más alto en tres décadas

El incremento interanual récord de la provincia se alinea con la media de España (7,6%) y mejora ligeramente el dato de Andalucía (7,8%). La subida de los precios ha sido mayor en Córdoba, Huelva y Jaén, con niveles que superan el 8%. La marca más alta de España es la de la provincia de Toledo con un 9,7%, mientras que Madrid es el único territorio nacional que baja del 7%.

En el caso de Granada, encadena un año consecutivo de subidas, desde febrero de 2021 y suma tres meses seguidos en tasas superiores al 6%. El de febrero es el mayor incremento interanual de toda la serie histórica, desde 1993.

El capítulo de gastos asociados a la vivienda que se elevan hasta el 29,1% tira del IPC, junto al incremento de los costes del transporte derivados de la escalada de los combustibles (12,1%), a lo que se suma también el aumento del precio de los alimentos. Llenar el carro de la compra es hoy en Granada un 5,6% más caro que hace un año, según la estadística del INE.

En el caso del subgrupo de electricidad, gas y otros combustibles la variación anual se dispara hasta el 65,8%, en la provincia, por encima del dato nacional (60,3%).

Ante la escalada inflacionista, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, advierte que se está dibujando un escenario «muy preocupante para la clase trabajadora granadina, en tanto que las retribuciones salariales no están creciendo al mismo ritmo». Por ello, desde UGT ven imprescindible aumentar los salarios.

«La subida a mil euros del salario mínimo ha sido sin duda una buena noticia, que está beneficiando a muchas personas trabajadoras y les permitirá afrontar con menos adversidades la elevación generalizada de los precios de los bienes y productos básicos. Sin embargo este incremento no soluciona el problema de bajos sueldos que asola a nuestra provincia», esgrime.

«Si los salarios medios son bajos, indudablemente el salario mínimo también lo será, pudiendo no llegar a ser suficiente para que las persones trabajadora puedan vivir dignamente», sentencia Martín.

La situación se recrudece si se tiene en cuenta que las previsiones de inflación para este año –que se situaban por encima del 4% antes de a guerra– pueden empeorar hasta producirse un «agravamiento generalizado de la situación socioeconómica con resultados aún imprevisibles».

«Las personas trabajadoras pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, como ha sucedido en 2021. Para ello, es vital que los convenios incorporen aumentos salariales por encima de la previsión de inflación y que introduzcan, a su vez, cláusulas de revisión que vinculen las retribuciones al IPC», subraya.

La visión de los empresarios granadinos, sin embargo, es la contraria. Desde la Confederación Granadina de Empresarios insisten en que la subida del IPC no debe ser la clave para negociar los salarios sino la productividad de las empresas «que de momento está muy por debajo de las del entorno europeo».

La secretaria general de la CGE, María Vera, recuerda que la inflación no solo está presionando el bolsillo de los consumidores, sino que está reduciendo sensiblemente los márgenes de rentabilidad de las empresas «en un momento en el que todavía no han recuperado la actividad previa a la crisis arrastran un preocupante sobreendeudamiento y se enfrentan a la inminente devolución de los préstamos ICO».

Vera afirmó que la mayoría de las empresas granadinas no han repercutido las subidas de costes, asociadas también al aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones, a sus precios finales para no perder competitividad.

En este sentido, Vera consideró que es el momento de que todos, !empresas y trabajadores, hagamos un esfuerzo para contener esta escalada inflacionista». «Desde la CGE, tal y como están haciendo CEOE y CEPYME en la mesa de negociación con los sindicatos, apelamos a la contención y a la moderación salarial. Subir los salarios de acuerdo al IPC no solo condenaría a miles de empresas con un nuevo e inasumible aumento de los costes, sino que también alimentaría una segunda ronda de subida de los precios y contribuiría a hacer estructural una inflación que, de momento, es coyuntural», dice.

«No es el momento de asfixiar a la empresa con nuevos sobrecostes. El IPC no debe ser la clave para negociar los salarios, sino la productividad. Y, de momento, la productividad de las empresas españolas, andaluzas y granadinas está muy por debajo de las del entorno europeo», sentencia.