Trabajo destapa mil empleos en negro en la provincia de Granada

En concreto, en el ámbito específico de la economía irregular Trabajo realizó 2.914 actuaciones de vigilancia en empresas granadinas en el último año que lograron regularizar la situación de 582 trabajadores y 555 trabajadoras que estaban empleados sin los pertinentes contratos. A raíz de la actividad de la Inspección, los profesionales fueron dados de alta o regularizaron su situación –estaban dados de alta menos horas de las que en realidad trabajaban– y las empresas se vieron obligadas a liquidar 17,8 millones de euros en cuotas pendientes a la Seguridad Social.

El volumen de empleo aflorado en 2023 fue menor, no obstante, que el del año anterior porque fue en ese año, en 2022, cuando la Inspección de Granada realizó por primera vez una actuación de vigilancia en el ámbito de los 'riders' que sacó a la luz a centenares de falsos autónomos de este campo en Granada, lo que disparó las cifras con un total de más de tres mil empleos aflorados.

La sanción por tener a un trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social es de 3.750 euros y el importe de las multas sube hasta los doce mil euros si los inspectores descubren que además ese empleado en negro estaba cobrando prestaciones.

Trabajo no especifica el número exacto de empresas sancionadas en la provincia pero sí que entre todas las que fueron cogidas con trabajadores en situación irregular sumaron unas multas de más de cinco millones y medio de euros.

Las sanciones por tener a trabajadores desprotegidos, sin dar de alta a la Seguridad Social, fueron de 4,2 millones. Pero además, el descubrimiento de un total de 115 empleados que cobraban el paro u otra ayuda mientras trabajaban en negro supuso multas por valor de 1,3 millones de euros para sus empleadores durante el pasado año y ahorró 1,9 millones de euros en prestaciones a las arcas públicas.

Por otro lado están las empresas que tenían empleados a extranjeros en situación irregular. La Inspección descubrió a un centenar de trabajadores en esta situación el pasado año, lo que se tradujo en un millón de euros en multas (diez mil de sanción por cada uno).

De los cien trabajadores inmigrantes sin permiso para trabajar en España, 45 estaban en empresas de hostelería. El sector encabeza las estadísticas de fraude laboral en la provincia, ya que tanto por el peso en la actividad económica como en el empleo también recibe el grueso de las inspecciones. De las casi tres mil actuaciones de inspección en materia de economía sumergida, un tercio se concentraron en la hostelería, seguida del comercio, la construcción y la agricultura.