El interventor vuelve a tirar de las orejas al Ayuntamiento de Granada por las horas extra

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, revisa expedientes de departamentos como los de Policía Local y Bomberos, además de Infraestructura, Organización y Calidad; Participación Ciudadana, Mantenimiento y Consumo, y Padrón de Habitantes. En buena parte de ellos, halla incumplimientos en la tramitación, como falta de propuesta previa ni justificación de las horas, falta de especificación de partidas presupuestarias a destinar para el abono ni menciones a la disponibilidad económica.

En varias, además, advierte falta de autorización de Recursos Humanos para la realización de las horas y, según indica, «en la gran mayoría no hay justificación de los objetivos alcanzados ni evaluación final del trabajo».

Respecto a la contabilidad, advierte del desajuste existente entre las obligaciones contabilizadas y las horas realmente realizadas por los bomberos entre 2018 y 2021. Así, señala que el importe medio de horas extras por trabajador más alto fue el año pasado, con 7.139 euros cobradas. En su opinión, «este importe es claramente excesivo y puede estar indicando que existe déficit de personal en el servicio y se están realizando servicios ordinarios con personal fuera de servicio».

Asimismo, advierte de que «es posible que el número mínimo de bomberos que debe existir por guardia en cada parque esté sobredimensionado», motivo por el que aconseja realizar un estudio basado en la estadística histórica y una comparativa con los servicios del resto de la provincia y otras capitales.

El interventor también afea que se contabilicen los servicios atendiendo al momento de pago y no del momento en el que se realizan y llama la atención por la existencia de expedientes que se modifican «un año después del volcado de datos» a pesar de que ese procedimiento, como recuerda, «debería requerir un trámite formal de aprobación».

Asimismo, alerta de la falta de la firma electrónica del alcalde en los decretos de aprobación de abono de horas extras a Servicios Generales, Bomberos y Policías de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. En su opinión, «representa una incidencia significativa atendiendo a que ese documento es el soporte formal que autoriza el pago de las horas extras».

No es la primera vez que el interventor municipal advierte de desajustes en los servicios extraordinarios. Este mismo año ya advirtió que se estaba incumpliendo el plan de ajuste después de que se abonaran 3.144.217 euros por este concepto en 2021, un 66% más que el ejercicio anterior.

El expediente, del que se va a dar cuenta en el pleno que se celebra este viernes, ha alertado a la oposición por la gestión de las horas extra. Para el edil popular Francisco Fuentes, revela que «tenemos descontrol e irregularidades en la gestión de un capítulo tan importante como el de la de las horas extra».

«Señala que no existe propuesta previa, que no existe justificación, que falta la autorización de recursos humanos, que no hay justificación de los objetivos alcanzados ni el trabajo realizado, que falta la firma del alcalde en los decretos y que no existe planificación previa», desgrana el dirigente, que recuerda la demanda del interventor de convocar una oferta de empleo público en policía y bombero para evitar la situación.

Para el edil de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, lo ocurrido «es demoledor». «Nos encontramos con una situación donde no solo existe lo que ya se conocía de un gasto sobredimensionado que no para de crecer como consecuencia de la mala planificación, además ahora conocemos que se comprometen sin partidas presupuestarias suficientes y que existen graves problemas administrativos y de planificación».

El dirigente recuerda que «el interventor señala, por ejemplo, cómo se plantean servicios extraordinarios sin la justificación de objetivos a alcanzar, sin evaluación final, sin que se establezca una acreditación de presencia efectiva de que se hayan realizado o sin que se haya concretado los trabajos realizados» y critica que «hay servicios extra pagados sin autorizaciones correspondientes y sin firmas de alcaldía o gastos en horas extra sin autorización previa de RRHH».

«No ha ocurrido en todos los casos, pero sí con frecuencia, lo que revela que es un descontrol que cuesta millones de euros a los granadinos y que se está realizando pagos detrayéndolo de servicios esenciales, lo que afecta doblemente a los ciudadanos», ha denuncia.