Quiénes se sentarán en el banquillo en el 'Caso Serrallo'

Se incluyen tres antiguos ediles bajo el mandato de Torres Hurtado, seis que siguieron ejerciendo como representantes del PP en el Consistorio de Granada, pero también hay cinco funcionarios municipales y un empresario investigados en este asunto.

José Torres Hurtado

El que fuera alcalde de Granada desde 2003 a 2016 está investigado por siete presuntos delitos. De dictarse la apertura de juicio oral, el exregidor tendría que responder de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias. En el auto de procedimiento abreviado, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada destaca que el exalcalde «tenía conocimiento absoluto de la oepración especulativa llevada a cabo en los espacios libres del Serrallo y existen indicios de su participación en ella».

Isabel Nieto Pérez

La que fuera concejala de Urbanismo con Torres Hurtado durante los últimos dos mandatos está investigada en este caso por los mismos siete delitos que el que fuera alcalde: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Manuel Lorente

Fue gerente de Urbanismo hasta que desapareció como organismo público y pasó después a ser director técnico de Obras. Es funcionario del Ayuntamiento desde los años 90 y ha ejercido siempre en cargos de responsabilidad. En los últimos años era evidente su sintonía con Torres Hurtado y su peso dentro del área de Usbanismo. Además de los siete delitos que pesan sobre Torres Hurtado, a Lorente se le investiga también por un presunto delito de cohecho, junto al empresario Roberto García Arrabal.

Roberto García Arrabal

Este empresario de la construcción está investigado por cochecho, además de por los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. En la construcción del centro comercial se introdujeron usos y aprovechamientos «prohibidos por el PGOU», según destaca la jueza en su auto. Estos usos no estaban incluidos inicialmente, por lo que tampoco pudieron concurrir otros emrpesarios que pudieran estar interesados.

Cúpula de Urbanismo

Dentro de la investigación judicial se ha incluido a los funcionarios que formaban la cúpula de Urbanismo. Se trata de los mismos trabajadores que están bajo investigación en la Operación Nazarí. En concreto, se trata de Emilio Martín Herrera, Gaspar Navarro, María Paz Spinola y Agustín Belda. A todos ellos se les investiga por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Junta de Gobierno Local

La jueza incluyó en su investigación a los concejales del PP que formaban parte de la junta de gobierno local, ya que en este órgano de gobierno municipal se tomaron algunas decisiones que debían haberse visto en pleno. Se aprobaron por unanimidad los usos que tendría el espacio, contraviniendo el PGOU. Por ello, se acusa a dos exconcejales, como Juan Antonio Mérida (exconcejal) y Vicente Aguilera (exconcejal en Granada, actual teniente de alcalde en Ogíjares) por el presunto delito de prevaricación urbanística. Y del mismo delito se investiga a seis concejales en activo, como son Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés. También se investiga por prevaricación urbanísitca al Interventor Municipal, Francisco de Paula Aguilera, que por su cargo debe ejercer una labor de vigilancia de la legalidad.

Responsables civiles

En el auto en el que se informa del paso a procedimiento abreviado se incluyen también los representantes legales y administradores de las sociedades Taler Real State SL, Multiaventuras Serrallo Plaza y Upper Club SL. Estas tres sociedades son las que explotaron los negocios que están bajo sospecha, ya que se ubican en lugares reservados para zonas verdes.