Investigan por un presunto fraude a la empresa más morosa de Granada

La empresa en cuestión, que está en fase de liquidación y en el pasado tuvo oficinas en un edificio de la localidad costera de Almuñécar, es más conocida por sus deudas con el fisco que por su actividad, esto es, hacer negocios con combustibles fósiles como el petróleo y el gas.

Esa 'popularidad' le ha llegado por encabezar en los últimos años la lista de las compañías más morosas con Hacienda de Granada, una relación que la propia administración hace pública cada Marillion tenía una losa con el erario público de 136,2 millones de euros, lo que suponía algo más de la mitad de todo el montante en el conjunto de la provincia; en concreto, el 52% del total.

Pero es que en 2023 su situación era aún peor. Por aquel entonces el pasivo ascendía a 156 millones. Si se quiere ver el vaso medio lleno , es verdad que en un año redujo su deuda con Hacienda en 15,65 millones.

Sea como fuere, lo cierto es que el estado de salud de la empresa es muy precario. Ya la marca tampoco no le ayuda nada, más bien todo lo contrario, el hecho de que sus responsables estén siendo investigados por la Audiencia Nacional en un procedimiento secreto referido al escándalo del fraude de los hidrocarburos, un asunto de una complejidad turbia e incomprensible para la mayoría de los mortales.

Además, las pesquisas penales, de las que no ha trascendido apenas nada dado el sigilo impuesto por la autoridad judicial, se entrecruzan con las medidas que está adoptando un juzgado de lo Mercantil de Granada por la quiebra de la compañía, una eventualidad que obliga a los dos juzgados implicados a trabajar coordinados.

Así las cosas, la Audiencia Nacional bloqueó una cuenta de Marillion y se lo comunicó al juez de Granada que tramita el concurso de acreedores. «Remítase el auto de este juzgado de fecha 11-10-2024 por el que se acordó dicha medida cautelar. Solicitar del juzgado de lo Mercantil de Granada la adopción, en el procedimiento de concurso ordinario, de cualquier medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa y evite la desprotección de las víctimas del delito, incluidas las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados en el procedimiento criminal u otras análogas, para evitar que en dicho procedimiento se abonen créditos a acreedores que se encuentran inculpados en el presente procedimiento criminal», pidió la Audiencia Nacional.

La empresa apeló la resolución para reclamar la anulación del bloqueo de la cuenta, pero la Sala de lo Penal ha rechazado ahora el recurso y confirma que los dos juzgados están actuando correctamente.

La decisión del tribunal central con sede en Madrid es firme.