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Yenalia Huertas
Granada
Miércoles, 5 de junio 2019, 14:19
José Antonio Moreno, superintendente de la Policía Local de Granada, se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada por presunto acoso laboral a M. M. P., una inspectora que estuvo al frente de la Unidad de Policía ... Local adscrita a los Juzgados durante años y que acabó degradada de categoría tras anular la justicia la oposición en la que ascendió. El acusado, contra quien la fiscalía no ha formulado cargos y para quien la acusación particular reclama 33 meses de prisión, ha negado todas las acusaciones vertidas contra él y haber humillado a la denunciante, al tiempo que ha atribuido la denuncia a «una venganza» con un trasfondo: la anulación de las referidas oposiciones.
Durante el interrogatorio al que ha sido sometido por el abogado de la exinspectora, Rafael López Guarnido, el alto mando ha declarado que si cambió de destino a la denunciante, a la que se ha referido como una persona «conflictiva», fue porque a raíz de su nombramiento como jefe del cuerpo policial -fue en julio de 2016, tras estallar el caso Nazarí y cambiar el color político del gobierno municipal- decidió «modificar la estructura» para hacerla «más eficiente» y consideró que M. M. P. «era mucho más necesaria en patrulla de barrio».
«Aquí no venimos a hacer política», ha advertido en un momento dado la magistrada que ha presidido el tribunal de la Sección Primera que dictará la sentencia, Rosa Ginel, quien ha instado al letrado de la acusación particular a que se ciñera a los hechos denunciados y no se refiriera a otras controversias policiales cuando ha sacado a colación otras denuncias pasadas para tratar de ilustrar la supuesta animadversión existente hacia la denunciante.
La sesión de esta mañana se ha iniciado con las cuestiones previas, en las que los abogados de una y otra parte han propuesto las pruebas que han considerado oportunas. Una de ellas ha asido la reproducción de una grabación de cerca de cuatro minutos en la que se escucha al superintendente, durante una clase de Derecho Administrativo en la academia, vaticinar lo que iba a ocurrir con las personas de confianza del anterior equipo de gobierno tras el escándalo de la Nazarí.
Esa grabación ha sido escuchada en la sala al inicio de la vista y, pese a la mala calidad del audio, el acusado ha reconocido que era su voz y ha explicado que lo que comentó en aquella clase ante sus alumnos sobre la renovación de los cargos de confianza a raíz de los cambios políticos fue en general y sin hablar de nadie en concreto. Y, por tanto, tampoco de la denunciante.
Moreno ha admitido que tras su nombramiento mantuvo una reunión «con los mandos de la escala ejecutiva» e indicó que a M. M. P., hasta entonces destinada en los juzgados, le informó de cuál iba a ser su nuevo destino, si bien le dio a elegir entre dos opciones, Tráfico o Patrulla de barrio, consciente de que la primera la rechazaría porque la relación con su responsable no era satisfactoria. Finalmente, como esperaba, M. M. P. descartó la primera opción. «Mi obligación como jefe es intentar asignar los recursos (...) y consideré que era la mejor opción posible», ha explicado, tras resaltar que «era público y notorio» que la denunciante no se llevaba bien con el mando de Tráfico y era importante en la Patrulla de barrio, porque el trabajo que se realiza en ese servicio es «la esencia» de la Policía Local.
En este punto, ha afirmado que trató de facilitar su adaptación al nuevo destino con los turnos y ha dicho que accedió a que estuviera primero por la mañana para que el cambio «no fuera traumático». «Hice la modificación de su turno conforme al reglamento», ha aseverado, a la vez que ha negado que se privara a M. M. P. de despacho o de taquilla, como ella sostiene. La exinspectora, según ha especificado el acusado, «tenía el mismo sitio que tenían los subinspectores» en la unidad administrativa donde fue destinada, en la que había ordenadores compartidos y no nominativos. «No existe un despacho para los inspectores y otro para los subinspectores», ha puntualizado, para dejar claro que «todos los funcionarios de la Jefatura tienen taquilla» y que, según el responsable de Logística, M. M. P. «sí la tenía». Es más, ha agregado que a él le comunicaron que quería dos más y él se las dio. Asimismo, ha aclarado a la presidenta del tribunal que en la Huerta del Rasillo el único que tiene despacho cerrado es él.
Moreno, que está defendido por el abogado Domingo Domingo, ha puesto de relieve que la exinspectora tuvo oportunidad de manifestarle sus quejas o problemas con las claves para acceder al ordenador durante los días en que asistió a sus clases, lo cual, según él, no hizo. «No me trasladó que tuviera ningún problema», ha señalado. «No me dedico a dar ni claves ni taquillas, simplemente doy las instrucciones para que se den», ha indicado, para asegurar que en el caso de M. M. P., dio la orden de que se le pusieran desde el primer día.
La denunciante, jubilada desde el 1 de abril, también ha prestado declaración esta mañana y ha roto a llorar durante su interrogatorio. La emoción le ha invadido al recordar las supuestas humillaciones que asegura haber sufrido. Ha manifestado que sintió «risas irónicas» de algunos de sus compañeros cuando la veían de pie en la jefatura haciendo el «paseíllo» con sus cosas en la mano por no poder dejarlas en una taquilla, así como que pasaban los días y no tenía claves para el ordenador. Ha afirmado que ella era la única inspectora sin despacho asignado y que dejó pasar un tiempo «prudencial», sin que finalmente nunca le dieran ni claves, ni ordenador ni despacho. «Día a día te van minando», ha descrito M. M. P., quien ha estado dos años y medio de baja antes de su jubilación anticipada.
La denunciante ha explicado que ha estado en tratamiento psiquiátrico y con «nueve pastillas diarias». «Se mezclaba el ansia, la rabia, la pena... A veces vomitaba antes de ir al trabajo», ha expresado, tras añadir que veía su carrera profesional «hundida» después de 36 años de trabajo.
El juicio continuará mañana con las declaraciones de testigos propuestos por la acusación particular y por la defensa, así como con la intervención de los peritos. Se da la circunstancia de que antes del inicio de la vista se ha podido ver en los pasillos de la Real Chancillería a la concejala de Protección Ciudadana, Raquel Ruz.
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