José Julián Romero, promotor: «Hacienda intentó meterme en la cárcel y yo siempre quise pagar»

Este promotor inmobiliario fue uno de los empresarios investigados durante la operación Nazarí y sus causas fueron archivadas, pero el caso del que acaba de salir airoso se desvincula de esta trama urbanística. En este proceso, juzgado en noviembre, fue acusada también su hija, absuelta de igual forma por prescripción del delito, según consta en la sentencia, adelantada por Europa Press. La Fiscalía Provincial, en un caso en el que también actuaba como acusación particular la Hacienda Pública, mantenía al final del juicio su petición para el empresario de tres años y nueve meses de prisión y de 3,8 millones de euros de multa.

La mujer se enfrentaba a una petición de pena de dos años y tres meses de prisión y 3,8 millones de euros de multa como «cooperadora necesaria» en la presunta comisión del ilícito contra la Hacienda pública.

De haber resultado condenados, habrían debido indemnizar a Hacienda de manera conjunta y solidaria con 1,3 millones. Habían articulado, según la Fiscalía, un «plan defraudatorio». Sin embargo, la sentencia argumenta la «prescripción del delito como causa de extinción de la responsabilidad criminal».

El grupo de empresas controlado por el hombre absuelto sufrió distintas reclamaciones de deuda y embargos desproporcionados a consecuencia de la crisis empresarial, por lo que destinó de manera lícita un importe efectivamente cobrado del IVA por 1.248.549 euros para el pago de distintas deudas.

El hombre defiende su gestión y relaciona los hechos con el «fracaso» de la operación de venta de un solar en el Cerrillo de Maracena, en los terrenos que se pensaron para albergar el famoso Palacio de Hielo, por la que había previsto ingresar unos 16 millones de euros en 2012.

«Iba a coger 16 millones del Cerrillo, pero los holandeses se echaron para atrás al ver algunas noticias. Hacienda ha intentado meterme en la cárcel. Llevo diez años con esto y siempre tuve intención de pagarles», manifiesta a IDEAL. Sobre todo, el hombre se alegra de la absolución de su hija, quien «no tomaba ninguna decisión».

Explica que en 2010, a raíz de la crisis económica, consiguió hacer frente a 280 millones de euros de deuda bancaria y de la Seguridad Social. Además, destaca que ha superado algunos litigios similares. En cuanto a la «concurrencia o no de prescripción del delito, ha de decirse que, tratándose de defraudación» del IVA, el ilícito se consuma cuando acaba el período voluntario de pago, 31 de enero del año siguiente y «no se discute por ninguna de las partes tal afirmación», indica la Audiencia en el inicio de su argumentación al respecto en la sentencia absolutoria.