El juzgado de Granada envía a Italia más de un año después la segunda denuncia de Juana Rivas por maltrato

«Yo soy esa Juana Rivas Gómez a la que tanta gente está juzgando sin saber prácticamente nada de la auténtica pesadilla de terror a la que nos hemos enfrentado mis dos hijos y yo. Yo, desde hace casi 13 años. Ellos, desde antes de nacer. No tendríamos que estar así; ni yo escondida con mis hijos ni vosotros manifestándoos». Éste es el inicio de la carta atribuida a Juana Rivas que se leyó ayer en Granada durante la concentración que se desarrolló frente al edificio judicial de la Caleta.

En ella, la vecina de Maracena, sobre la que pesa una orden de detención y presentación ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada desde el 8 de agosto, asegura que aunque esté «huida» con sus hijos de 3 y 11 años, no siente «que esté haciendo nada fuera de la ley», pues cree que la propia justicia es la primera que se la ha saltado «a la torera». En su misiva, a la que dio lectura una joven que se identificó ante la prensa como Puri García, Juana Rivas, ilocalizable desde el día en que tenía que devolver a sus hijos a su expareja, se queja de que no se haya tramitado aún su denuncia por presunta violencia de género. Ésta aterrizó hace un año en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, que entonces la paró por entender que no era competente territorialmente al haberse producido en Italia los hechos denunciados. Esta decisión no fue recurrida por ninguna de las partes afectadas ni por fiscalía. Luego hubo una queja tras la que el juzgado acabó mandando la denuncia a traducir para su remisión a Italia.

Al mismo tiempo, dispuso que ésta se pusiera en conocimiento del juzgado de Familia. Eso fue en marzo y, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza reiteró su requerimiento en julio.

La traducción por fin ha sido efectuada y el juzgado ha acordado su envío al país italiano. Así consta en un oficio fechado el 3 de agosto, que hizo público ayer el propio TSJA. En él, la jueza hace «una exposición razonada» al Ministerio de Justicia español y le remite copia con la traducción en italiano de la denuncia para que desde este Ministerio se tramite a la Justicia italiana. En concreto, la denuncia traducida ha sido dirigida a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia para que sea derivada a la autoridad italiana, «conforme al artículo 17 del Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 4/2015», especifica el oficio. Ese artículo establece «que las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubiera sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea (UE)». Además, añade que en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán «inmediatamente» la denuncia presentada a las autoridades competentes del estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos. Rivas presentó la denuncia en julio de 2016. Se envía a Italia en agosto de 2017.

El acto de ayer estaba convocado simultáneamente en distintos puntos de España por plataformas ciudadanas bajo el lema (y etiqueta para la red social Twitter) '#LosHijosDeJuanaEnPeligro'. En Granada, como en el resto de capitales, se inició a las 11.00 horas y arrancó con varias decenas de personas portando carteles de apoyo a Juana y gritos de «Juana no estás sola». Los participantes, que fueron creciendo en número hasta llegar al centenar, se ubicaron tras una gran pancarta con la leyenda «Plataforma contra la violencia de género de Granada. Que la pasividad no nos haga cómplices».

Nada más comenzar la protesta, se produjeron momentos de tensión, pues irrumpieron media docena de personas ajenas a la convocatoria que, de modo particular, exhibieron carteles con el mensaje «Amor de padre». Los concentrados en apoyo de Juana solicitaron entonces la intervención de la Policía Nacional, que había montado un dispositivo en la zona. «¡Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata!», corearon.

Instantes después comparecía ante los periodistas Maylo Sánchez, perteneciente al movimiento feminista de Granada, que quiso dejar claro que la de ayer era una concentración «pacífica» para la que se habían pedido los permisos legales. «Estamos aquí de manera pacífica para pedir el amparo del Tribunal Constitucional (TC), porque nosotras entendemos que Juana ha estado y está todo este tiempo, y sus hijos también, en una situación de indefensión tremenda, porque ha habido negligencia por parte de la Justicia de España», opinó Sánchez, al tiempo que recordó que cuando Juana llegó a España, hace ya más de un año, puso la denuncia que hasta ahora no ha sido traducida. En este punto, resaltó que si la Justicia italiana determinó la restitución de los hijos a su padre, Francesco Arcuri, tras la demanda de sustracción internacional de menores que interpuso éste, fue porque «no tenía esa denuncia traducida». Además de en Granada, ayer había concentraciones previstas en Almería, A Coruña, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Valencia.

Antes de concluir la concentración, tomó la palabra ante los micrófonos Francisca Granados, directora de Igualdad del Centro de la Mujer de Maracena y asesora jurídica de Juana Rivas, para insistir en que, a su juicio, «ha habido errores judiciales por parte de profesionales dentro del sistema judicial» que han motivado estas movilizaciones. Los resumió en tres. El primero de ellos sería que la denuncia por presunta violencia de género que presentó Juana Rivas el 12 de julio de 2016 no haya sido aún tramitada en Italia por haber estado aquí «en un cajón». El segundo, que la valoración de los menores se hizo por parte de una psicóloga «que no está ni tan siquiera colegiada» y «que no está habilitada para hacer una valoración como la que se exige». El tercero no se habría producido, según añadió, si se hubieran tenido en cuenta unos informes en los que se pone de manifiesto que «los menores, de ser entregados al padre, correrían un riesgo y un peligro y daño que serían difícilmente reparables». Esos informes, según detalló, están hechos por profesionales cualificados y especializados, y se pusieron en su día en manos de la fiscalía y del juzgado de Familia. En cualquier caso, la asesora jurídica garantizó que Juana sigue confiando en el sistema judicial español. «Esperamos que efectivamente ese sistema reconduzca a la cordura esta situación y restablezca los derechos de esos dos menores que están siendo desprotegidos», expresó. Y dado que el interés de los menores «es el que está por encima de todo», confió en que el TC responda «en los términos de urgencia» planteados.

Granados, que negó haber sido la receptora de la carta abierta atribuida a la madre de Maracena, valoró la respuesta de la ciudadanía ayer, teniendo en cuenta que es pleno mes de agosto, por lo que interpretó el apoyo de las decenas de personas que se sumaron al acto como un gesto «para seguir pidiendo que efectivamente el sistema proteja como debe a los hijos de Juana Rivas». Preguntada expresamente sobre la carta, dijo estar «absolutamente segura» de que el escrito era de Juana, pues «nadie, y sobre todo la persona que la ha leído, se atrevería en este momento a hacer algo que pudiera ser un fraude. Juana no se mueve en esa órbita ni la gente que la está apoyando».

El paradero de Juana es una incógnita desde el pasado 26 de julio, día en que el juzgado de Familia fijó la entrega los críos a su progenitor. El hombre fue condenado en 2009 por golpear repetidamente a Juana en una sentencia de conformidad dictada por un juzgado de lo Penal de Granada, que le impuso 3 meses de prisión. Juana retomó la relación con él y se marchó a vivir a una pequeña isla de Cerdeña. Allí afirmó haber sufrido nuevos supuestos malos tratos.