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La sede de la Presidencia de la Audiencia de Granada, sita en la plaza Luis Rosales de la capital, fue ayer escenario de una reunión entre el sector judicial y representantes de la Junta de Andalucía para abordar los detalles de la segunda fase del ... Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia tras el parón que provocó la covid. Este plan ha sido impulsado por el departamento que dirige Juan Marín y supondrá en la provincia una inversión total de 1,4 millones de euros. Ese esfuerzo económico fue valorado por los asistentes al encuentro, aunque en opinión de los jueces, para afrontar los efectos de la crisis sanitaria sería necesaria ya la creación de al menos un nuevo juzgado de lo Social (algo que depende del Gobierno Central).
En declaraciones a IDEAL tras el encuentro, tanto el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, como el juez decano del Partido Judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, pusieron el acento en la necesidad de reforzar también los juzgados con más jueces y poner en marcha nuevos órganos. Solo así, a juicio de ambos, se evitaría que el volumen de pleitos laborales, civiles y mercantiles que se esperan saturen los órganos existentes.
Aunque el juzgado más necesario ahora mismo sería uno nuevo de lo Social, dado el aumento de demandas por despidos y ERTE, hay más necesidades. Según López Fuentes, harían falta además otro juzgado de Primera Instancia y otro lo Contencioso para el Partido Judicial de Granada. De igual modo, recalcó que «otros partidos judiciales ya están también demandando la creación de nuevos órganos, como los de Baza, Loja, Motril e incluso de Santa Fe».
«La valoración de este plan de refuerzo es positiva porque todo lo que sea sacar más trabajo en los órganos judiciales siempre es bienvenido», señaló por su parte el juez decano, para advertir, acto seguido, que ya existen «retrasos estructurales en algunas jurisdicciones». De ahí la necesidad de más manos con puñetas. En determinados juzgados, «hay un cuello de botella en la celebración de juicios y el dictado de sentencias», desveló Rodríguez Alcázar, a la vez que recalcó que ese atasco, al final, se traduce en demoras que afectan al ciudadano.
Sobre este punto, la Junta trasladó ayer a jueces y fiscales que el Ministerio de Justicia tiene previsto crear doce nuevos juzgados en Andalucía, «y desde Granada –insistió el juez decano– se plantea como prioritario y urgente un nuevo juzgado de lo Social». No es una reivindicación nueva y en el sector judicial confían en que se ponga en marcha «este año».
En cuanto al plan de choque puesto en marcha por la Junta para aliviar la carga de trabajo que se acumuló durante los primeros meses de pandemia, la Junta especificó que ahora se inicia la segunda fase y se extiende a otros partidos judiciales y fiscalía.
De acuerdo con el comuicado remitido a los medios por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, desde la semana pasada, 29 órganos judiciales de la provincia cuentan con medidas de autorrefuerzo durante 23 semanas.
La inversión en esta segunda fase unida a la realizada durante la primera fase, supone un total de 1,4 millones en medidas de autorrefuerzo de personal en Granada. «Es el mayor plan de choque acometido por la Junta de Andalucía desde que tiene competencias en materia de Justicia, es un despliegue sin precedentes, porque además mantenemos todos los refuerzos ya existentes», indicó el director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra.
A la reunión asistieron, además de López Fuentes y del juez decano, el fiscal jefe y la secretaria coordinadora provincial, que son Pedro Jiménez y Carlota Gómez. A la cita también han acudido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, y el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Enrique Barchino. Con el mismo objetivo se citó posteriormente con los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.
La segunda fase del Plan, aprobada por el Consejo de Gobierno, supone una inversión en toda Andalucía de 7,6 millones de euros, que sumados a los 7,2 millones de euros de la primera fase (desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020) casi alcanza los 15 millones. Se desarrollará entre marzo y junio y septiembre y noviembre, descartando los meses de vacaciones estivales, y se hará en 302 órganos judiciales, de los que 29 son de Granada.
Las medidas del plan se aplican no solo a las jurisdicciones de lo Social y lo Mercantil, sino también a los órganos de Primera Instancia, Familia y Penal. De esta forma, se mantienen las medidas en 15 juzgados de Granada: cuatro de Primera Instancia, tres de Familia, el Mercantil y en los siete juzgados de lo Social.
Además, el plan se implanta a 11 juzgados más, en concreto en juzgados de Primera Instancia e Instrucción (en Motril, Loja, Baza, Guadix y Santa Fe) y en la Fiscalía Provincial.
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