El juez autoriza la venta y evita el cierre de la empresas granadina de las cremas de Mercadona y Lidl

Laboratorios Amifar, con sede en el polígono de Asegra de Peligros y 35 años de historia, es el fabricante de la popular gama de productos de alta cosmética a precio asequible que se comercializa bajo la enseña Sisbela y está presente tanto en Mercadona como en las cadenas de supermercados Lidl y Covirán.

La empresa, que arrastraba pérdidas desde el año 2020, comunicaba el pasado mes de junio su situación de insolvencia por no poder hacer frente a sus obligaciones sociales.

Un auto del 29 de junio declaraba el concurso de acreedores conjunto de las empresas Amifar Laboratorios y Amifar Properties. Apenas un mes después, el 27 de julio, el administrador concursal que trabaja para reflotar la compañía, el bufete de abogados de Javier López y García de la Serrana, emitía un informe favorable a la venta de los laboratorios y realizaba una valoración general positiva de la oferta de compra presentada por el fondo de capital riesgo Sherpa Private Equity, a través de su sociedad Acrome Asset Magement, con domicilio en la madrileña calle Serrano.

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El informe del administrador concursal destacaba que la empresa es «conocedora del sector específico de actividad en el que se encuentra la concursada al ser propietaria de dos compañías con las que crean y fabrican productos cosméticos naturales y ecológicos». Concretamente son titulares de Laboratorios Forenqui y Naturchem, dos empresas valencianas del sector que ofrecen soluciones a grandes distribuidores, retailers especializados y también comercializan marcas propias.

Apenas dos meses después, ya que agosto es inhábil a efectos civiles, se ha conseguido que el juez autorice la venta de la unidad productiva de los laboratorios que evitará el cierre de la compañía.

«En este supuesto, era imprescindible la premura en la operación dado que estaba en juego no solo el mantenimiento de los puestos de trabajo de 65 trabajadores sino el cierre de las empresas por la posible rescisión del contrato del principal cliente de la compañía, Mercadona, por lo que supone un gran logro», esgrime el administrador concursal, el letrado Javier López y García de la Serrana.

«La premura era fundamental para evitar la rescisión del contrato con el principal cliente, Mercadona»

Javier López y García de la Serrana

En un auto del 29 de septiembre al que ha tenido acceso IDEAL, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada autoriza la operación a favor de Acrome sset Management en los mismo términos que constaban en la solicitud, lo que conlleva la obligación de mantener la actividad durante tres años así como la subrogación de 65 de los trabajadores, toda la plantilla excepto uno.

La oferta de compra por un importe total de 7.453.865 euros contempla además la totalidad del mobiliario y bienes muebles afectos incluida maquinaria e instalaciones, bienes inmuebles (todos ellos con cargas hipotecarias), cuentas pendientes de cobro, licencias y permisos necesarios para la explotación, derechos y obligaciones derivados de los contratos con los proveedores y algunos contratos de leasing o renting, 'Know How' y fondo de comercio así como la cartera de clientes.

El informe favorable presentado por la administración concursal, al que no se ha opuesto ninguno de los acreedores, ha sido clave para conseguir la autorización de la venta ya que presentaba un análisis pormenorizado de la viabilidad de la oferta de compra recibida. Así, el juez la ha estimado procedente con el siguiente argumento: «Se constata que la situación financiera de las concursadas se encuentra muy deteriorada y que la venta de la unidad productiva se revela como la única solución para poder garantizar la viabilidad del negocio y la continuidad de la actividad de las concursadas, con el consiguiente mantenimiento de sus puestos de trabajo».

«Además, dicha solución también se revela como la mejor solución para evitar el deterioro de los activos que componen la masa activa concursal, por lo que se trata de garantizar el interés de los acreedores de las concursadas a los efectos de que puedan cobrar sus créditos en la mayor proporción posible», apunta.

Por contra, el auto rechaza la posibilidad de pronunciarse y resolver sobre la posible sucesión de empresa de trabajadores no subrogados, de las posibles reclamaciones posteriores de la Hacienda Pública y de las eventuales reclamaciones que los acreedores pudieran dirigir frente a la adquirente.