El juez cierra la instrucción del 'Marchelo' tras doce años y acerca al banquillo a 16 investigados

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe ha dictado un auto, al que ha tenido acceso IDEAL, mediante el que deja la causa en la antesala de la vista y ordena dar traslado de las actuaciones a la fiscalía y a las acusaciones particulares para que, en un plazo de diez días, «formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento».

En el auto, fechado el lunes 17 de septiembre, el magistrado que dirige ahora el juzgado santaferino -la causa ha pasado por varios jueces desde que se iniciara en 2006- acuerda continuar la tramitación por los cauces que establece la ley para que un total de 16 investigados -entre los que se encuentran también el exedil de Urbanismo Manuel Fernández, otros dos antiguos concejales y varios promotores- salden cuentas con la justicia. Sobresale entre estos últimos el empresario sevillano Juan Muñoz, marido de Ana Rosa.

No obstante, habrá que esperar a que las acusaciones emitan sus escritos de calificación provisional para saber si todos o solo parte de ellos se sentarán en el banquillo de los acusados.

En su resolución, el magistrado que lleva ahora las riendas de este órgano judicial, Pedro de Dios Hernández Olmo, desgrana los capítulos presuntamente con alcance penal por los que se ha seguido la causa: el proyecto de urbanización e instalaciones del Parque Municipal-Mercadillo Ambulante de Alhendín; las obras del Parque Empresarial Alhendín; la construcción del conjunto residencial Novosur y de una gasolinera.

En la operación del Parque Municipal Mercadillo, el juez recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Alhendín aprobó en 2006 el proyecto de obras y sostiene en su auto que el investigado Manuel Fernández, «aprovechándose» de su condición de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhendín y miembro de la Mesa de Contratación, se concertó con el hermano del empresario Juan Muñoz y el propio empresario «para adecuar las clasificaciones de capacitación exigidas en el segundo concurso convocado a las que reunía específicamente TARJE, SA.», que era la empresa del primero. De este modo, según se especifica en la resolución, se aseguraba «que la oferta de licitación presentada por TARJE, SA. -única empresa que concurrió en los dos concursos- fuese admitida por la Mesa de Contratación.

En el desarrollo de Marchalendín, el polígono empresarial que impulsó la empresa Parque Empresarial Alhendín, cuyo consejero delegado era Juan Muñoz, el juez cree que el convenio urbanístico que se firmó en 2005 «se apartaba» de los compromisos iniciales asumidos por los primeros propietarios de los terrenos, «en perjuicio de los intereses municipales».

Es más, enumera las supuestas infracciones de la normativa urbanística en las que se habría incurrido y apunta a que el exedil de Urbanismo «pudo hacer dejación manifiesta y maliciosa de las funciones de inspección y/o disciplina urbanística que le competían como miembros d la Junta de Gobierno que acordó la concesión de la licencia».

En este punto, agrega que el exconcejal pudo «dejar de promover las actuaciones precisas en el ámbito de su competencia para asegurar y exigir que las obras se produjeran de conformidad de la licencia».

En cuanto a Novosur, cree el magistrado que se actuó «con el fin de favorecer al promotor» y que «de lo actuado resultan igualmente indicios» de que el citado exconcejal, «en su propio provecho», pudiera haber recibido del promotor inmobiliario una «dádiva en especie», consistente en una vivienda sita en la urbanización Altos de Vista Nevada de la localidad metropolitana de Armilla, valorada en un os 340.000 euros.

Y en lo que respecta a la gasolinera, el auto desvela que el exalcalde José Guerrero, ostentando ya el cargo, revisó las normas subsidiarias del planeamiento del municipio y reclasificó una zona donde estaba una finca rústica que había adquirido junto sus hermanos en 1989. Pasó a suelo urbano directo y en 2002 vendieron la finca a una mercantil a la que luego se le otorgó licencia para hacer una gasolinera. En este caso, cree el juez, José Guerrero supuestamente se prevalió de su condición de alcalde e «influyó en provecho propio sobre el arquitecto técnico municipal (...) al objeto de tener un informe técnico favorable a la concesión de la licencia».

El auto puede ser recurrido tanto ante el propio juzgado como ante la Audiencia Provincial.