Un juez de Sevilla deja en la antesala de juicio a Cuenca por unos cursos siendo delegado

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa que se tramitaba en este órgano de la capital hispalense contra Cuenca y otros 18 investigados por hasta cinco posibles delitos.

Este paso judicial implica pasar a la fase de preparación del enjuiciamiento, en la que las partes especifican contra quién formulan cargos, determinan los delitos que ven en los hechos y reclaman las penas que consideran que deben imponerse a los acusados.

En este caso, la causa se sigue por posibles ilícitos de usurpación de funciones pública, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.

Los hechos por los que Cuenca y el resto de investigados se hallan inmersos en este proceso es la contratación de servicios para realizar labores de control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la Junta durante 2010, 2011 y 2012.

Así, a través de un auto dictado el día 2 de octubre y notificado este viernes a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado da traslado de la causa a la fiscalía y a las acusaciones personadas –acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)- para que, en un plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Según el TSJA, en la resolución, a la que ha tenido acceso IDEAL, se establece que de las diligencias practicadas se deduce que desde distintos organismos centrales y provinciales dependientes de la Dirección General de Economía Social de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta «habrían procedido a la contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional (FPO) en Economía Social organizados por dicha entidad durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012».

Así, «los correspondientes responsables –investigados en la presente causa- de la Junta de Andalucía, vía contratación de servicios a prestar por particulares, se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo aquellas tareas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos».

Sobre la conducta del exalcalde de Granada, el magistrado precisa que, en su calidad de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta, «habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en la provincia de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011».

El instructor añade en este sentido que se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como «Memoria Justificativa», articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva», en concreto por el importe de 12.412 euros el contrato menor correspondiente a 2010 y por el importe de 12.000 euros el contrato menor correspondiente a 2011.

Así, se atribuyó «la detentación de funciones públicas» a dos empresas contratistas «de forma injusta y arbitraria», una detentación «que se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».