El juez manda al banquillo a 16 personas por el caso Marchelo tras 15 años de instrucción

En este macrojuicio 16 personas se sentarán en el banquillo, entre las que hay ex políticos del Ayuntamiento de Alhendín, técnicos y empresarios. En el juicio del caso Marchelo se juzgarán presuntas irregularidades en varias operaciones urbanísticas siendo alcalde José Guerrero (PP).

Por el Ministerio Fiscal se formula acusación por tres hechos distintos: la construcción de una gasolinera en la Avenida de Andalucía de Alhendín; el polígono industrial Marchalendin y la urbanización Novosur. El Abogado del Estado ha presentado un escrito para que se investiguen las actuaciones sobre el antiguo cauce del arrollo de la Calera y un grupo empresarial de estaciones de servicio acusa por la construcción de una gasolinera en este municipio. Los delitos que se juzgarán en estas causas son el tráfico de influencias, la prevaricación urbanística, el cohecho, el fraude en la contratación, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y usurpación de inmueble sin violencia.

El órgano competente que juzgará estos hechos es la Audiencia Provincial de Granada y se mantiene, por ahora, la situación personal en la que se hallan los acusados.

A los acusados Manuel Fernández (exconcejal de Urbanismo), José Guerrero (exalcalde), Salvador N. (exedil de Obras Públicas), María José G. (exedil de Cultura) y Fernando R-A. (empresario que construyó la urbanización Novosur), entre otros, el juez les impone en total una fianza por valor de 1,7 millones como responsabilidad civil, que habrán de prestar los acusados de forma solidaria de cara a responder a las indemnizaciones que se pueden fijar en caso de sentencia condenatoria.

La fiscalía parceló el caso Marchelo en tres grandes apartados: la supuesta tramitación y construcción ilegal de una gasolinera en la avenida de Andalucía de Alhendín, las presuntas irregularidades en el Polígono Industrial Marchalendín y la edificación de la urbanización Novosur, ubicada también en la citada localidad, situada a unos 15 kilómetros de la capital. Los 26 años de cárcel los solicitó para el exedil de Urbanismo Manuel Fernández, mientras que para el exalcalde José Guerrero pidió 15 años. Asimismo, reclamó multas millonarias. Respecto a los promotores implicados, solicitó más de 14 años de reclusión para José Muñoz, que es el marido de la periodista Ana Rosa Quintana.

La Fiscalía, en su escrito, acusa a 15 de los investigados y solicita, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones para el Ayuntamiento de Alhendín y para la Confederación Hidrográfica del que Guadalquivir (CHG) que suman 1,3 millones de euros. Además solicita penas de 26 años de cárcel para el exedil de Urbanismo Manuel Fernández, mientras que para el exalcalde José Guerrero pidió en su escrito de 2019, 15 años. Respecto a los promotores implicados, solicitó más de 14 años de reclusión para José Muñoz.

Una de las acusaciones del caso Marchelo, la particular que ejerce el empresario de gasolineras Fernando G. G., solicita la demolición de la estación de servicio investigada en la causa. Esta parte, que está representada en el proceso por el letrado José Manuel Urquiza, pide dos años de prisión para el exregidor del Partido Popular, así como 10 de inhabilitación.

El asunto ya ha pasado por las manos de varios jueces. El primero fue el magistrado Miguel Ángel Gómez Torres, que instruyó la mayor parte de la causa y dictó en 2010 el auto de procedimiento abreviado; un paso que suele ser preludio de un juicio inminente. Sin embargo, ese auto terminó revocado en noviembre de 2012, al estimar la Audiencia de Granada un recurso del Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular. Ahora, se ha acordado la apertura de juicio oral, que no tiene todavía una fecha para su celebración.

«Es una pena y una vergüenza para la justicia que este proceso se haya demorado tanto en el tiempo. Han pasado cinco jueces por la instrucción de la causa y casi 16 años. Y el juicio aún se avecina lejano. Esperemos que se aceleren los trámites necesarios para su celebración antes del verano que viene», apunta José Manuel Urquiza, abogado de la acusación particular, en representación de Grupo Barcalo S. L.