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El SARS-coV-2 no es el primer virus que ha despertado posturas negacionistas y antivacunas. Hace una década, Granada fue noticia a nivel nacional precisamente por un brote de sarampión que comenzó en un menor no inoculado alumno de un centro educativo del Albaicín. La infección causó decenas de infectados, en su mayoría niños, y dejó al descubierto el pensamiento de un grupo de familias del barrio del Albaicín contrario a las vacunas. Al final tuvo que intervenir la justicia.
Según figura en la hemeroteca de IDEAL, fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada el órgano que emitió la resolución. Con ella se perseguía que los padres que se resistían a la aguja dejaran aparcadas sus convicciones morales para salvaguardar la salud de sus vástagos, profesores, familiares, amigos y convecinos.
El auto en cuestión conminaba a distintas familias a vacunar contra el sarampión a 35 menores del barrio cuando la cifra de contagiados ya ascendía a 46 y permanecían hospitalizadas tres personas. La situación se había puesto fea. Nunca antes las autoridades sanitarias andaluzas se habían visto en la necesidad de solicitar una autorización judicial para obligar a vacunar a menores cuyos tutores se habían negado desde el principio del brote pese a la insistencia de los técnicos sanitarios.
El brote se descubrió a mediados de octubre de 2010. Exactamente fue el 13 de ese mes cuando los pediatras del Centro de Salud del Albaicín detectaron el primer caso de sarampión. Se trataba de un menor escolarizado en el referido colegio. El alumno no había sido protegido de pequeño contra este virus. Sus padres así lo decidieron al parecer por principios éticos. El virus comenzó a expandirse y contagió a otros escolares no vacunados del centro. En apenas dos semanas, había ya una veintena de casos registrados.
Los esfuerzos de las autoridades sanitarias para convencer a aquellas familias de la necesidad de proceder a la vacunación resultaron poco exitosos. Finalmente, el brote traspasó las fronteras del enclave albaicinero y se extendió por el resto de los distritos de la ciudad. En los últimos días de noviembre ya había llegado a pueblos del área metropolitana, como confirmó la que por aquellas fechas era delegada de Salud: Elvira Ramón. Salud decidió entonces adelantar de los quince a los seis meses la vacunación contra el sarampión en los bebés en toda la provincia, pero especialmente en las zonas más afectadas.
Si la Junta requirió el auxilio de un juez fue por entender que existía «un choque de intereses» entre el derecho individual de estas familias y el derecho colectivo a proteger la salud de la población. Además era prioritario para frenar los contagios. Así lo explicó la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda.
La vacuna triple vírica es la que protege del sarampión (también de la rubeola y la parotiditis), que es una enfermedad viral altamente contagiosa que produce fiebre elevada, tos y exantema generalizado que dura de una semana a diez días. Puede ser responsable de complicaciones más o menos severas.
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