La jueza lleva a juicio a Torres Hurtado y Nieto por la primera de las siete piezas de la Nazarí

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que investiga la operación Nazarí, emitió ayer auto de apertura de juicio oral por la primera de las siete piezas separadas en las que se dividió la causa. La magistrada sienta en el banquillo a seis de los siete investigados por este asunto en concreto; entre ellos ellos, el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto. La jueza decide que la trascendencia penal de los hechos se dirima en una vista oral pese a que tanto la Fiscalía como la representación del propio Ayuntamiento habían solicitado el sobreseimiento provisional.

Se trata del expediente registrador; probablemente el de menor relevancia pública de la operación Nazarí, del que ni siquiera se había hablado hasta que se destaparon las pesquisas en 2016. Los hechos presuntamente delictivos consistieron en la ocupación de un patio interior de 60 metros cuadrados para uso de un registro de la propiedad en la calle Tórtola, tras obtenerse por silencio administrativo licencia de obra menor y de actividad. Posteriormente se produjo la legalización por sanción y compensación de la infracción urbanística menor.

De la causa se queda al margen el grupo municipal de Podemos-IU, al no haber presentado la fianza de 5.000 euros para seguir como acusación popular. Han sido otras dos partes las que han mantenido la acusación que conducirá el procedimiento a juicio. El PSOE acusa a Isabel Nieto, al registrador y a un funcionario, mientras deja fuera a Torres Hurtado. Les atribuye los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias y solicita penas de cuatro años de prisión más inhabilitación.

También persiste en la causa el empresario Ramón Arenas, que ha sido el que ha presentado escrito de acusación contra el exalcalde, al que apunta un delito de organización criminal y otro de prevaricación común omisiva. Entiende que, tanto él como la entonces concejala, «tenían la obligación de proceder a restaurar la legalidad urbanística (...) respecto a la entreplanta que fue legalizada de forma expresa y específica» con una innovación del PGOU. Para algunos de los procesados solicita penas que superan los cinco años de cárcel. El órgano competente para el juicio será la Audiencia Provincial. La jueza deja fuera al que fuera gerente de Urbanismo Manuel Lorente.

Es la primera pieza separada de las diligencias sobre la que se decreta auto de apertura oral. En una situación similar se encuentra la investigación sobre el bloque donde viven Torres Hurtado y Nieto. Tampoco aquí ha acusado la Fiscalía, aunque sí el PSOE y Ramón Arenas, y queda a expensas de la decisión que adopte la magistrada. En otras cuatro piezas la magistrada ha pedido a las partes que se pronuncien antes de proceder, en su caso, al dictar auto de procedimiento abreviado y concluir la instrucción. Todas ellas podrían dar paso a la apertura de juicio oral o al archivo en 2021. Más rezagada está la investigación del pabellón Mulhacén, donde se ha acordado la práctica de nuevas diligencias y se han señalado declaraciones a la vuelta del verano.

Fuera de la Nazarí, la reciente sentencia del caso Serrallo absolvió a Torres Hurtado y condenó a Isabel Nieto a siete años de inhabilitación, solo por uno de los delitos de los que estaba acusada.