La jueza del caso Nazarí abre juicio oral por la pieza San Jerónimo

En su auto, fechado este martes y al que ha tenido acceso IDEAL, la magistrada María Ángeles Jiménez, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, manda al banquillo de los acusados a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, a un constructor y varios ex altos cargos de Urbanismo, mientras que deja fuera al exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado (PP).

Además, fija en 1,4 millones de euros la fianza que, en concepto de responsabilidad civil, deberá prestar la empresa que construyó el Residencial de la Luz, la mercantil Casería de San Jerónimo S. L. y, subsidiariamente, el resto de acusados y el Ayuntamiento de Granada.

En esta pieza, entre los encausados figuran el constructor José Julián Romero, como administrador único de la Mercantil Casería de San Jerónimo SL y propietaria mayoritaria de los terrenos del Plan Parcial; la antes citada Isabel Nieto, como concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada en la época en la que se sitúan las supuestas irregularidades; y Manuel Lorente Sánchez Palencia, como director de Obras Municipales en ese período. También están Emilio Martín Herrera, que fue director general de Licencias, y Gaspar Navarro, como arquitecto-jefe del servicio de Obras Privadas.

El auto no solo deja fuera del juicio al exregidor, también excluye al que fuera coordinador por aquel entonces del área de Urbanismo y acuerda el archivo de la causa para la exdirectora general de Urbanismo María Paz Spínola y a un ingeniero de la Gerencia de Urbanismo. En total, serán cinco las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia, salvo que el asunto dé un giro de 180 grados.

Los delitos por los que se abre juicio oral son organización criminal, prevaricación (común y urbanística), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delito contra la ordenación del territorio.

En esta pieza, el Ayuntamiento, que sería el perjudicado, y de signo político contrario a los acusados, solicita el sobreseimiento porque considera que no hay delito ni perjuicio, al igual que el abogado del PSOE, que también ha ejercido la acusación y que asimismo ha pedido el archivo.

Son tres las acusaciones que han formulados cargos: la acusación pública que ejerce la fiscalía y la particular que ejerce el empresario Ramón Arenas, personado como acusación particular y una de las partes más activas en el proceso, así como una tercera acusación particular (cuatro particulares) que se ha adherido a las conclusiones provisionales de la fiscalía.

El ministerio público solo acusa a cinco de los encausados, les atribuye el mismo delito: presunta prevaricación urbanística, y solicita tanto para la exconcejal como para el promotor del residencial dos años de prisión, multa y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La acusación particular que ejerce Ramón Arenas y su mercantil Aremat Formación pide en concreto para la exconcejala de Urbanismo tres años de cárcel, una multa de 36.000 euros y 16 años de inhabilitación especial pafra empleo o cargo público, si bien eleva su petición de prisión a cuatro años y medio e incluso cinco años para otros acusados. Para el promotor reclama dos.

Fue el pasado 31 de marzo cuando la instructora dictó el auto para pasar esta otra operación bajo sospecha a la fase de preparación de la vista. Esa decisión fue recurrida por las defensas y está pendiente de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Granada al respecto y, de estimar sus pretensiones, podría suceder lo que ya ocurrió en la pieza registrador, también de la Nazarí: el tribunal provincial lo archivó cuando el juzgado ya había decretado el juicio oral.

La operación consistió en la construcción de 300 viviendas, garajes y trasteros en la calle Pedro Machuca de Granada, a los que se concedió la licencia de primera ocupación. Las obras se iniciaron en 2006 y provocaron el desvío del Barranco de San Jerónimo, invadiendo presuntamente terrenos fuera del plan PP-N2.

Sobre la fianza reclamada en el auto para hacer frente a las eventuales indemnizaciones en caso de condena, fuentes de las defensas consultadas por IDEAL indicaron que ya existe «un aval prestado para esa misma cuestión, según certificado del Ayuntamiento, por importe de 1,8 millones de euros».

La otra pieza del caso Nazarí que sigue tramitándose (el resto se han archivado y la única que llegó a juicio acabó en absolución) es la del Pabellón Mulhacén del Zaidín, que sigue pendiente de que se realice una pericial jurídica sobre la operación urbanística.