La jueza de la Nazarí pide a la Policía que identifique a todos los propietarios del edificio del 'Expediente Registrador'

El motivo no es otro que poder ofrecer a todos esos vecinos ser parte en el procedimiento como posibles perjuidicados por aquella actuación. Esta es una de las diligencias que había solicitado la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, en uno de sus últimos informes, fechado el 29 de julio y al que ha tenido acceso IDEAL.

De este modo, la instructora, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, les citará «a fin de recibirles declaración con ofrecimiento de acciones en los términos expuestos por el fiscal». La fiscal entendía que debía citárseles ante «los posibles perjuicios sufridos y demás extremos relativos a las obras en los elementos comunes de la Comunidad de Propietarios».

En el marco de esta pieza separada, la magistrada ha ampliado además el número de investigados al citar en tal condición a la exconcejala del PP Telesfora Ruiz y a un funcionario municipal relacionado con la tramitación de esta actuación bajo sospecha, que es una de las ocho que motivaron la operación Nazarí.

Ambos deberán comparecer el próximo 26 de septiembre en calidad de investigados, además del exjefe de Licencias, Emilio Martín Herrera, a quien interrogará nuevamente.

Aparte, ha reclamado al Ayuntamiento de Granada varios documentos que se presumen claves para determinar el alcance penal de las supuestas irregularidades cometidas en estas obras. En concreto, el Consistorio deberá mandar al órgano instructor las licencias de obra menor, primera ocupación y utilización de aquella actuación, entre otros papeles.

En torno a las supuestas irregularidades que se investigan en esta obra, hubo un informe de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía que concluyó que la escalera que se construyó en el patio era sancionable porque no era un elemento movible, sino que se había anclado a la pared.

Sobre la construcción de esa escalera, la fiscal proponía en su informe de 29 de julio que por parte del secretario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada se informase si «se incoó expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador al promotor» y, que en su caso, se hiciera llegar al juzgado.

Y así lo ha dispuesto la jueza, que ha dado cinco días al Ayuntamiento para que se le remita dicho expediente sancionador, como consta en la providencia dictada el pasado 14 de agosto para citar a los nuevos investigados y a la que también ha tenido acceso IDEAL.

En el caso Nazarí, ahora dividido en piezas separadas, los investigadores policiales sospechan que los responsables de Urbanismo durante el gobierno de Torres Hurtado y el propio regidor beneficiaron a determinados constructores de la ciudad: Roberto García Arrabal, Enrique Legerén y José Julián Romero.

La causa toma el nombre de la operación policial que llenó las calles de Granada de agentes y vehículos policiales el 13 de abril de 2016. Las detenciones y los registros que se practicaron precipitaron la dimisión del exregidor y la llegada a la Alcaldía del exalcalde socialista Francisco Cuenca.