La jueza del caso Nazarí, en el que se han investigado ocho operaciones urbanísticas en Granada durante el gobierno local de José Torres Hurtado (PP), ha reaccionado de inmediato al taxativo auto de archivo dictado por la Audiencia de Granada en una de las piezas ... separadas: la del expediente 'Registrador'. La magistrada, María Ángeles Jiménez, ha dictado una providencia a la que ha tenido acceso IDEAL y en la que pide al tribunal de la Sección Segunda algunas aclaraciones.
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La instructora solicita en concreto a la Audiencia que aclare si el carpetazo (se trata de un sobreseimiento definitivo por no apreciarse delito alguno) afecta a todos los investigados, en especial al exalcalde de la ciudad y a J. C., el registrador de la propiedad acusado en este expediente, que giraba en torno a las supuestas ilicitudes cometidas en una obra de adaptación de un local de la calle Tórtola de la capital para albergar unas oficinas.
La jueza explica que el recurso de apelación que ha derivado en el archivo definitivo de esta pieza separada, en la que por cierto ya se había dictado incluso auto de apertura de juicio oral, fue interpuesto por un funcionario municipal, adhiriéndose luego al mismo la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y cuatro ex altos cargos de su área.
En su resolución, según advierte la jueza, la Audiencia indica que hace extensivos al resto de investigados en esta pieza sus razonamientos sobre la inexistencia de los delitos de los que se acusaba al funcionario cuyo recurso estima, «sin que haga pronunciamiento expreso», en la parte dispositiva, a Nieto y los cuatro ex altos cargos indicados, considerados «recurrentes todos ellos» por haberse adherido a ese recurso.
Junto a ello, recuerda la instructora que ni el exregidor ni el registrador han recurrido «en ningún momento» la resolución que se revoca y se deja sin efecto. Esta fue dictada en diciembre del año pasado y dejaba en la antesala de juicio a buena parte de los investigados en esta pieza. Esa resolución lo que hacía era transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado, o lo que es lo mismo: daba por finalizada la instrucción y procesaba a unos investigados y a otros no, pasando a la fase en la que se formulaban cargos contra ellos.
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En este punto, cabe recordar que la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo había pedido el sobreseimiento, mientras que el empresario Ramón Arenas, que ejerce una de las acusaciones populares, había reclamado condenas de hasta nueve años y medio de prisión. Así se recogía en el auto de apertura de juicio oral, dictado por la jueza instructora el pasado 3 de agosto.
El auto de la Audiencia que la magistrada pide ahora que aclare en su providencia estaba fechado el 17 de septiembre y contra el mismo cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Este extremo, indicado expresamente por la Audiencia, también es motivo de consulta por parte de la jueza, que quiere saber si la decisión de los magistrados de Plaza Nueva es firme o puede ser recurrida por no haber transcurrido el plazo para declarar su firmeza.
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Para el tribunal granadino, los hechos (la colocación de una escalera y una entreplanta en el referido local) no son constitutivos de infracción penal. Las acusaciones que había formulado cargos veían , entre otros ilícitos, prevaricación ordinaria y urbanística y tráfico de influencias. El auto de la Audiencia fue adelantado este miércoles en exclusiva por IDEAL.
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