La jueza del caso Nazarí rechaza archivar la pieza Mulhacén

En un auto, fechado este lunes y al que ha tenido acceso IDEAL, la magistrada justifica su decisión en que por parte de los implicados «se han llevado a cabo una serie de actos administrativos» en los que hay que calibrar un eventual alcance penal. Así, cita «una modificación de la concesión sin publicidad, sin informe de la Asesoría Juridica siendo preceptiva al respecto y sin que conste tampoco, el interés público de tal modificación, entre otras actuaciones».

A su juicio, esta actuación «ha podido conllevar un beneficio para el particular promotor que pone en entredicho la legalidad de tales actuaciones», por lo que decide que la instrucción de esta pieza continúe, no atendiendo la petición de sobreseimiento que habían realizado las defensas de los investigados.

Las defensas solicitaron que se diera carpetazo también a esta pieza (una de las dos que quedan 'vivas' de las ocho operaciones urbanística que vertebraban en sus inicios el caso Nazarí) tras recibir el juzgado una pericial económica que se había encargado. En ella, un experto descartó que con la construcción del pabellón se hubiera causado perjuicio económico a la ciudad.

En su resolución, la jueza aclara que el objeto de la investigación de la pieza 'Mulhacén' «viene indicado por el hecho concreto de la existencia de una alteración o merma en la parcela en cuestión», donde se levantó el pabellón, «sin que por parte de los investigados, presuntamente, se haya respectado el proceso administrativo».

También apunta la instructora a un presunto favorecimiento al empresario investigado, García Arrabal, «lo que implicaría no solo un perjuicio para el particular, sino también para las arcas municipales, en el caso de una resolucion condenatoria». Ese particular sería el empresario Ramón Arenas, que denunció una supuesta invasión de su parcela por parte del promotor del pabellón y que ejerce la acusación particular.

La magistrada, que concide con la fiscalía en que será en un juicio donde se deberá determinar si hubo o no delito, alude expresamente al «presunto acto prevaricador que supone obviar el hecho de permitir una construcción , a sabiendas de que, previamente, se han alterado, en beneficio de un empresario concreto, las reglas del procedimiento, con alteración de las condiciones y planos obrantes en el expediente administrativo referido a tal construcción». Junto a ello, la instructora recuerda que aún hay una diligencia que practicar (otro informe percial) en la pieza Mulhacén.

El auto puede ser recurrido. La otra pieza que sigue instruyéndose es la del expediente 'San Jerónimo', en el que se ha investigado la construcción del resindencial Ciudad de la Luz y las obras de desvío de un barranco también cuando gobernaba José Torres Hurtado (PP).