El Pabellón Mulhacén se halla en el Zaidín.

La jueza del caso Nazarí interroga a testigos del expediente 'Mulhacén'

Se trata de cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Granada, que han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 2 a petición del empresario Ramón Arenas

Yenalia Huertas

Granada

Miércoles, 14 de octubre 2020, 17:22

La jueza del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez, ha retomado en la mañana de este miércoles las declaraciones del expediente 'Mulhacén', una de las piezas separadas en las que se dividió la macrocausa, que se sigue por presunta corrupción urbanística durante el gobierno local ... de José Torres Hurtado (PP). La magistrada, que lleva las riendas del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, ha interrogado como testigos a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Granada que intervinieron en el expediente de las obras y concesión del pabellón deportivo del Zaidín que da nombre al mismo.

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Según han informado a IDEAL fuentes del caso, los testigos han comparecido tras ser propuestos sus testimonios por el empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación particular en esta parte del proceso porque el promotor de las instalaciones, Roberto García Arrabal, invadió parte de un terreno de su propiedad.

Estas declaraciones fueron fijadas en una providencia dictada por el juzgado el pasado mes de mayo, en la que asimismo se señalaron para el 30 de septiembre los interrogatorios de la exedil del PP Telesfora Ruiz y de una hermana de García Arrabal en calidad de representante legal de la empresa Fontdeis. Estas comparacencias no llegaron a producirse y continúan al parecer sin nueva fecha.

En las testificales de este miércoles , según las fuentes, no ha estado presente ningún representante del ministerio público. Sí han acudido las defensas de los principales acusados, aparte de los abogados de las acusaciones que ejercen Ramón Arenas, Unidas Podemos y el Ayuntamiento de Granada.

De acuerdo con los datos facilitados por las fuentes, uno de los testigos ha sido el funcionario municipal F. J. J. F., que trabajó en el Servicio de Patrimonio Histórico integrado en la SubdirecciónGeneral de Gestión y que emitió «un informe en el año 2013» relacionado con el pabellón.

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Otros han sido la funcionaria C. J. O., que trabajó como técnico de administración general en la Subdirección de Gestión y que, por sus funciones, intervino en 2014 en el expediente bajo sospecha, y el funcionario C. H. A., coordinador de Economía y Servicios Generales, Personal y Contratación del Ayuntamiento. Este último, según especificaron las fuentes, revisó en 2017 las cuentas económicas relacionadas con el expediente, a fin de comprobar si se habían pagado los impuestos de las obras. El cuarto testigo citado ha sido la funcionaria T. S. C., por un informe emitido en 2010 sobre los plazos de ejecución del Pabellón Mulhacén.

Las fuentes indicaron que los siguientes testimonios previstos son también de testigos. Se han señalado para los próximos 21 de octubre y 4 de noviembre. Todos ellos han sido asimismo propuestos por la acusación particular, cuyo lettrado es Jorge Fernández. En el expediente 'Mulhacén' se investigan las modificaciones urbanísticas sucesivas que se autorizaron en aquella concesión administrativa, cuya tramitación se inició en 2007.

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Reactivación del caso

Aunque la paralización de la actividad judicial por la crisis sanitaria afectó en las primeras semanas, como es lógico, al ritmo de las causas penales que se tramitan en los juzgados de la Caleta, el caso Nazarí no ha tardado en recobrar el pulso.

Una de las últimas novedades de la causa ha sido el archivo del expediente 'Registrador', sobre las obras de unas oficinas en la calle Tórtola de la capital, por orden de la Audiencia de Granada.

Otra, también adelantada en exclusiva por IDEAL, fue que una de las acusaciones populares en el expediente 'Obispo Hurtado', la ejercida por el empresario Ramón Arenas, había formulado cargos contra el exregidor, la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y el que fuera jefe de licencias, E. M. H. Los dos primeros se enfrentan a una petición de 4 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por posibles delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias. En esta pieza separada, en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación y construcción del bloque de la capital donde viven Torres Hurtado, Nieto y algunos familiares, la fiscalía ha solicitado en cambio el archivo, mientras que el PSOE ha pedido 12 años de inhabilitación.

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También han sido archivados el expediente 'Parking', por «prescripción», así como el expediente del plan parcial 'PP-T1', por ser «cosa juzgada». En el marco de este último se investigaron supuestas irregularidades en el Cerrillo de Maracena, en el plan parcial del Palacio de Hielo, que nunca se llegó a realizar. Este asunto ya había sido judicializado años atrás y sobreseído.

Otra pieza separada que sigue su curso es la del expediente 'San Jerónimo', que se centra en supuestas ilicitudes en las obras para desviar un barranco y la concesión de licencias de primera ocupación a los compradores de un residencial. En esta pieza se habían pedido nuevas diligencias.

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