La macrocausa judicial que se inició en 2016 contra la excúpula del Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado y tres empresarios, estrena 2021 con cuatro nuevas declaraciones este lunes, día 11 de enero. Según han informado fuentes ... judiciales a IDEAL, la jueza instructora, María Ángeles Jiménez, tiene previsto interrogar a dos peritos y a dos personas investigadas en la pieza separada que se centra en las presuntas irregularidades cometidas en el Pabellón Mulhacén del Zaidín por el constructor Roberto García Arrabal.
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Las mismas fuentes detallaron que las dos personas investigadas que habrán de comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada son la exedil del PP Telesfora Ruiz y una hermana del referido promotor granadino. Los dos peritos han sido propuestos por la representación letrada del empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación particular en esta parte del procedimiento. El motivo: aquel pabellón deportivo que se levantó en la calle Torre de la Pólvora, que motivó una de las dos querellas que detonaron el caso Nazarí, invadió uno solar suyo.
Estas declaraciones, como recordaron las fuentes consultadas, estaban señaladas el pasado mes de noviembre, pero terminaron siendo aplazadas por la imposibilidad de asistencia de uno de los abogados defensores.
El caso Nazarí cumplirá el próximo mes de abril cinco años. Se trata de una de las causas judiciales más relevantes de la crónica judicial reciente de Granada y, debido a su magnitud (cuenta con un elevado número de implicados y arrancó con ocho operaciones urbanísticas bajo sospecha), el juzgado acordó dividirla en piezas separadas.
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Tras 'trocear' el caso (no todos los investigados están relacionados con todos los hechos), cada expediente que vertebra 'la Nazarí' ha seguido unos derroteros distintos. Por lo pronto, ya hay piezas muy avanzadas, como la del expediente Obispo, en la que se analizaron posibles ilegalidades en la tramitación y construcción del edificio donde tienen pisos el exregidor y la que fuera su exedil de Urbanismo, Isabel Nieto. En esta parte del proceso, la fiscalía determinó que las irregularidades advertidas en la edificación no tenían alcance penal y solicitó el archivo. Pero la acusación popular pide cuatro años y medio de cárcel para el exregidor.
En archivo acabó el expediente relativo al plan parcial del Cerrillo de Maracena (PP-T1), por entender la jueza –como habían sostenido las defensas desde un principio– que era «cosa juzgada». Y es que aquel plan parcial (conocido como el del Palacio de Hielo) había sido investigado en su día por otro juzgado y archivado.
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De igual modo, el expediente Parkings tampoco llegará a juicio, pues en su marco se analizaron antiguas concesiones de varios aparcamientos de la capital y, dado tiempo transcurrido (los hechos se remontan a los años 2000 y 2001), las posibles ilicitudes estarían prescritas. Por eso acabó también siendo archivada.
En sobreseimiento igualmente ha finalizado la pieza del expediente Registrador, en la que se miraron con lupa las obras de adaptación que llevó a cabo un registrador de la propiedad en unas oficinas de la calle Tórtola de esta ciudad. Fue la Audiencia de Granada la que dispuso que aquella operación no había sido delictiva y exoneró de responsabilidad penal a la exedil Isabel Nieto, al propio registrador de la propiedad que se vio salpicado y al resto de investigados. En este asunto concreto, la jueza ya había decretado la apertura de juicio oral. Pero el tribunal granadino consideró que no se había cometido ninguno de los delitos imputados y que, por tanto, no debía acabar en una sala de vistas.
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Lo último que ha sucedido en torno a ese expediente Registrador, según las fuentes, es que hubo un recurso ante el Supremo contra lo dispuesto por el tribunal provincial . Lo interpuso la acusación popular que ejerce en esta pieza Arenas, cuyo letrado es Jorge Fernández. Y ante ello, el juzgado consideró que el auto de la Audiencia no era firme ni aplicable.
Esa decisión de la magistrada fue plasmada en una providencia fechada el 9 de diciembre pasado, la cual igualmente ha sido recurrida por las defensas ante la Audiencia para que se haga efectivo el archivo definitivo de esta pieza. Este diario ha tenido acceso al recurso de la exedil Isabel Nieto, cuyo abogado es Ernesto Osuna, quien ha instado «la nulidad de actuaciones» desde esa providencia. Alega que se está generado indefensión a los en teoría ya no investigados, pues «no existe un derecho a la apertura de juicio oral permanente».
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