La Junta asegura que la reordenación de colegios se hará en consenso con los centros

Este proyecto, que plantea unificar Primaria, Secundaria y Bachiller en el sistema público andaluz, está dirigido a zonas «desfavorecidas, sobre todo en el ámbito rural», según indicó Imbroda. «Estamos analizando esta posibilidad como una opción más», añadió. De igual modo, calificó de «enorme responsabilidad» que se haya transmitido el «rumor» del cierre de centros en Granada por la «intranquilidad» que genera.

Esta sensación de nerviosismo e indignación ha llegado a directores y profesores de la provincia, que ya han mostrado su descontento por la falta de información que aseguran que están recibiendo desde Educación sobre qué centros estarán afectados por esta realidad y si podría suponer –como se temen– el cierre de los institutos que cuenten con unas ratios más bajas. Unas dudas que también comparten los sindicatos, que señalan que no han recibido ninguna información al respecto de la Consejería: «Ha habido falta de transparencia, información y diálogo», señalan de forma conjunta CSIF, Anpe, CC OO y UGT. De igual modo, indican que estarán «vigilantes» a la forma en la que se lleve a cabo esta optimización de recursos anunciada por la Consejería. «Nos opondremos contundentemente a todo cambio en los institutos y colegios que suponga pérdida de unidades, cierre de centros en la red pública o pérdida de puestos», indican.

«La dudas que se nos plantea es cómo se van a organizar y planificar las directivas de los centros afectados, qué va a pasar con el personal y cómo va a afectar a las plantillas. Nos preocupa mucho la falta de transparencia y de diálogo, y que esto pueda ser una manera encubierta de hacer recortes», señala al respecto Mercedes González Liñán, secretaria general de Educación de CC OO.

El sindicato CGT se pregunta por el coste económico de esta medida, ya que habría que modificar algunos centros para albergar a estos nuevos alumnos, y aseguran no hay datos reales de lo que ocurrirá con el profesorado. Junto a esto, inciden: «¿No será mejor manera, en lugar de desmantelar centros, apoyar a la pública aprovechando la bajada de ratios para mejorar la calidad?».

«Los datos que nos ofrecen son escasos, poco creíbles y de poco calado. Se nos niega que ya se hayan nombrado o decidido algún centro en concreto y que, en caso de que se produjera todo ese cambio, se hará conforme a la norma, una información que es totalmente contraria a lo que recibimos de los centros», matiza el sindicato.