La Junta auditará a Endesa y otras empresas para combatir los cortes luz en la Zona Norte

El delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Granados, indicó que van a pasar a la acción, «cansados» de encuentros que no se materializan en medidas concretas. Por eso, el gobierno andaluz auditará a Endesa y al resto de empresas suministradoras. De hecho, abrirá el expediente que ya existe, una auditoría que se realizó a Endesa en 2020 para controlar si la red eléctrica está en condiciones y cuántos enganches ilegales soportan los centros de transformación de la Zona Norte.

El delegado anunció que la Junta va a abrirá el expediente informativo y que pedirá que se incrementen las inspecciones para valorar esa auditoría energética, en el ámbito de sus competencias, «porque en las anteriores revisiones hemos visto que había un número importante de enganches ilegales de luz», dijo el delegado de la Junta.

Antonio Granados pidió al Gobierno más efectivos policiales para que se sigan llevando a cabo redadas y controles ya que los enganches ilegales «se producen para el cultivo de estupefacientes», expresó. El delegado mostró «total apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque son grandísimos profesionales, pero el número de efectivos se está demostrando que es insuficiente». Además solicitan el incremento de técnicos e inspectores de las empresas suministradoras.

Además desde la Junta piden que se cumplan las leyes y que se establezca en Granada una Fiscalía encargada de investigar los delitos relacionados con la marihuna en la provincia «para la persecución del cultivo y tráfico de marihuana».

Granados pidió que se modifique el código penal y se agraven las penas por defraudación de suministro eléctrico para el cultivo de estupefacientes. «Es importante la unidad de criterios en el ámbito jurisdiccional, llevamos cuatro años trabajando y estamos cansados, hay que hacer algo más y no sólo reunirnos y decir lo que cada administración hace, sino hacer un seguimiento de las responsabilidades y competencias de cada uno. Dar respuesta a situaciones dramáticas que, en un segundo, pasan de ser una normalidad a ser un gran problema, como las personas de elevada edad que no pueden acceder a sus viviendas porque no funciona el ascensor. Pero, insisto, la Junta de Andalucía es una afectada también», concluyó.