El cambio en la gestión financiera del Parque de las Ciencias se inició en 2017

El cambio en la normativa del consorcio Parque de las Ciencias que abrió la puerta a la 'intervención' de las cuentas del museo por parte de la Junta se aprobó en 2017 «por unanimidad». Así queda reflejado en el acta de la reunión en la que se dio el visto bueno al texto, a la que ha tenido acceso IDEAL. Según la Junta, esos son los estatutos que obligan al control de cuentas mediante el programa informático 'Giro'. El mecanismo entrará en vigor el 1 de enero, salvo que se apruebe la moratoria de 60 días que el próximo domingo reclamarán más de 30 colectivos. Como denunciaron Podemos-IUy PSOE, el sistema derivará en procesos burocráticos que afectarán al día a día en el Parque, ralentizando su gestión.

Ésta es responsabilidad del consorcio. Lo preside la Junta de Andalucía y está integrado por el Ayuntamiento, la Diputación, la UGR, el CSIC y la Fundación Caja Granada. Cada una de ellas cuenta con distintos porcentajes de participación, del 58% de la Junta al 1% del CSIC y la Fundación. Y todas contribuyen a la mitad de la financiación del Parque: el resto de la aportación económica sale de las actividades del propio museo.

Sus primeros estatutos, la normativa que rige el funcionamiento de este órgano, se aprobaron en paralelo a la apertura del recinto, en 1995. Tras media docena de modificaciones a aquel documento, en el año 2017 se tramitó la aprobación de un nuevo estatuto que se hizo oficial en noviembre de 2018 –un mes antes de las elecciones autonómicas–.

Un capítulo es el detonante del cambio denunciado por Podemos-IU y PSOE. Se trata del texto referido a la «fiscalización y control» de las cuentas del museo. En los estatutos previos atribuía a Junta, Ayuntamiento y Diputación la «inspección y fiscalización de la gestión desarrollada por el consorcio».

El siguiente documento, un borrador del nuevo estatuto, fechado en marzo de 2017, introduce novedades en la fiscalización. Somete la actividad del consorcio, y por tanto de la muestra interactiva, a «control interno y externo en los términos previstos en la normativa reguladora de la Hacienda Pública en la administración a la que quede adscrito». Es decir, de la Consejería de Educación.

En el consejo rector del 13 de julio llegó la aprobación previa –no fue el trámite definitivo, pues luego se sometieron a información pública– de los nuevos estatutos. Contaron con el voto a favor de todos los representantes institucionales. El acta refleja que el concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura planteó dudas acerca de «las limitaciones derivadas del régimen jurídico de aplicación a estas entidades», especialmente en lo relativo a contratación de personal.

El texto que se aprobó y aparece publicado el 7 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía incluye algunas modificaciones con respecto al documento de marzo de 2017. Pero mantiene que «el control de la gestión desarrollada por el consorcio corresponderá a la administración de adscripción, sin perjuicio de las facultades de control que corresponden al resto de miembros de la entidad».

Fuentes del PSOE han asegurado que desde la aprobación de aquellos estatutos para adaptarlos a los requerimientos –obligatorios– de la Junta, empezaron a buscar una solución para proteger la autonomía del Parque. Propusieron convertir del consorcio en una fundación pública. Pero luego llegó el doble cambio de color político, en la Junta y el Ayuntamiento. La nueva administración autonómica no dio el visto bueno y, por su parte, el gobierno municipal tampoco insistió en pedir el cambio de modelo, según las mismas fuentes.

Por último, en julio se hizo 'real' la posibilidad de intervención, cuando se aprobó la ley de presupuestos que dejó la economía de los consorcios en manos de la Consejería de Hacienda. El cambio en los estatutos, añaden, no implicaba necesariamente la entrada en el programa 'Giro', que se ha decidido en este 2019 y frente a la cuál cabían otras opciones.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Podemos-IU, Antonio Cambril, prefirió no responder a la Junta para no «politizar» el 'abrazo' humano por la autonomía del Parque previsto para el próximo domingo.

La Junta ha defendido que el cambio no afectará a la autonomía financiera del museo –el más visitado de Andalucía– y sólo supondrá su integración en el sistema de gestión presupuestaria, al igual que sucede con el resto de consorcios. En un comunicado, el delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo, calificó de «demagogia» la polémica. En la nota preguntó «dónde estaban las plataformas» cuando se cambió el estatuto en 2017 y lamentó que se ponga «en riesgo el prestigio del parque», un ejemplo de «buena gestión y un referente educativo y cultural de primer orden».