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Yenalia Huertas
Granada
Viernes, 10 de febrero 2023, 00:30
Del caso Nazarí solo quedan dos piezas vivas. Una, la que acaba de pasar a la fase de preparación del juicio, la del expediente San Jerónimo. La otra, la relativa al pabellón Mulhacén levantado en el barrio del Zaidín y estancada por culpa de una ... pericial jurídica encargada hace dos años y que han renunciado hacer ya dos profesionales privados. El tercer abogado designado para elaborarla aceptó la misión, pero tampoco la completará, puesto que la Junta no ha aprobado su previsión del coste económico de su intervención. El motivo: pide por elaborarla 102.184,50 euros.
IDEAL ha tenido acceso al escrito que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital el Servicio de Justicia de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de Granada para comunicarle que no pagará ese dinero al considerar que es una cantidad «inasumible e injustificada».
Junto a ello le informa de que el jurista designado -como se ha dicho, ya el tercero- ha rechazado realizarla por el importe que la Junta le abonaría, de algo más de 3.000 euros. «Se le ha requerido al citado perito para que manifieste su aceptación o rechazo a la propuesta de la Administración, por importe de 3.150 euros, IVA incluido (…) habiendo rechazado esta última propuesta (…)», señala la Junta. El escrito, que firma la secretaria general provincial del servicio, ya ha aterrizado en el juzgado que dirige la magistrada María Ángeles Jiménez. De hecho, se ha notificado a las partes una diligencia del órgano fechada el 2 de febrero en la que se les informa de la decisión de la Junta.
En él, la Administración autonómica recuerda que el trabajo encargado «sin previa concurrencia competitiva» estaría sometido a los límites de un contrato menor. En este punto, se refiere a lo estipulado por la ley de Contratos Públicos, que considera contratos menores «los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000, cuando se trate de contratos de suministros o de servicios».
Fue a principios de 2020 cuando la fiscalía propuso a la jueza que encomendase esta pericial en el marco de la pieza separada del pabellón Mulhacén. El objetivo era valorar la legalidad de la concesión de la parcela en la que el promotor Roberto García Arrabal levantó aquellas instalaciones deportivas, así como de las modificaciones que se fueron introduciendo, como la supresión de las pistas de pádel inicialmente proyectadas.
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