Fraude descartado en la Alhambra

La Junta recurre ante el Supremo la sentencia absolutoria del caso audioguías

IDEAL ha tenido acceso a ese escrito, mediante el que el letrado de la Junta de Andalucía anuncia el recurso de casación contra el fallo absolutorio dictado por la Sección Segunda del tribunal provincial el pasado 27 de febrero y que adelantó en exclusiva IDEAL.

La Administración autonómica, que era una de las tres acusaciones de la causa -las otras han sido la fiscalía y el Ayuntamiento de Granada- aprecia «falta de motivación» en la sentencia, que absolvió tanto a la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG), como a la exsecretaria general, el exjefe de Comercialización y el empresario que explotó el servicio de audioguías entre 2017 y 2014.

Para esta acusación, que cree que se habría vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva, la Audiencia «yerra al valorar el certificado de la Administración Tributaria que certifica que la mercantil estaba embargada y no tenía capacidad para contratar con la Administración cuando los investigados decidieron prorrogar el contrato».

Junto a ello, no comparte la valoración realizada por el tribunal en lo que respecta a los documentos sobre el cálculo del canon, las compensaciones «indebidas» y la supuesta modificación «ilegal» del contrato.

La preparación del recurso del letrado de la Administración autonómica ya ha sido comunicada a la Audiencia de Granada, que el pasado 16 de marzo dispuso, a través de una diligencia, unir su escrito al expediente del caso audioguías «a la espera de la notificación de la sentencia al resto de partes personadas».

En la causa, como se ha indicado, había cuatro personas acusadas. Además de Mar Villafranca, que siempre había defendido su inocencia y la legalidad de sus decisiones, la exsecretaria del recinto, Victoria Chamorro; el ex jefe de Comercialización del PAG, José María Visedo; y A. A. L. R., administrador de la empresa Stendhal Museum Solutions.

Las dos primeras se enfrentaban a cinco años de prisión y se sentaron en el banquillo por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ilícitos finalmente descartados. Al ex jefe de Comercialización solo lo acusaba la Junta, mientras que el empresario era quien se enfrentaba a la mayor pena: diez años de encierro y el pago de una multa de un millón de euros.

Sin embargo, en el juicio, celebrado el pasado mes de enero, no quedó acreditado el alcance penal de las anomalías económicas apreciadas en aquella contratación por los impagos del canon por parte de la empresa y por haberse prorrogado el contrato pese al dinero que esta adeudaba.

«Es evidente que tanto la adjudicación como el seguimiento, ejecución y modificación del contrato no siguió el procedimiento administrativo legalmente establecido. No obstante, la consideración ética sobre la reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal del hecho», concluyó el tribunal, para descartar completamente que la excúpula del PAG hubiera intentado favorecer a la empresa de las audioguías.

El fallo rechazó así que Villafranca, Chamorro y Visedo se pusieran de acuerdo para beneficiar fraudulentamente al administrador y dictaran resoluciones con conocimiento de su ilegalidad en la adjudicación y ejecución del contrato.