La Junta supervisará la gestión del Parque de las Ciencias y provoca una nueva polémica

Fue el grupo municipal de Podemos-IU el que desveló el movimiento de la administración andaluza. En una rueda de prensa convocada de forma urgente, el portavoz de la confluencia denunció la «intervención» de la Junta en el museo.

Hasta ahora, el ente mantenía cierta autonomía económica. Aunque se sometía a auditorías en las que participaban todas las instituciones que forman parte del consorcio –Junta, Diputación, Ayuntamiento y UGR–, eran los responsables del centro los que elaboraban su presupuesto a partir de las aportaciones de las administraciones participadas y los propios fondos generados por el parque.

Según explicó Antonio Cambril, ese modelo es el que finiquita la Junta a partir del 1 de enero. El edil precisó que nóminas, contratos, proveedores, taquillas, alquiler, producciones o la compra y venta de exposiciones, en lo que el centro es uno de los pioneros en España, se harán desde la capital andaluza. Con ello, en su opinión, el Parque de las Ciencias «pierde su capacidad para tomar decisiones rápidas y sencillas». «Ahora tendrá que someterse a un complicado proceso burocrático, cosas que al final suponen retrasos y dificultades que harán imposible la gestión».

Fuentes consultadas por este periódico enmarcan el fin de la autonomía en la voluntad del nuevo equipo de la Junta de poner fin a los «chiringuitos», calificativo con el que el bipartito andaluz viene definiendo a los numerosos consorcios creados durante la etapa socialista. Para ello, aprovechó la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2019 en julio pasado para introducir una serie de mecanismos de auditoría que permitieran reforzar el control de esos entes, sobre los que existían numerosas dudas. En esa 'guerra' el Parque de las Ciencias sería una víctima colateral.

Cambril desveló en rueda de prensa que los responsables del centro trataron de buscar durante estos últimos meses fórmulas para, al mismo tiempo que se mantenía el sometimiento a la supervisión financiera de la Junta, se conservara la «versatilidad y agilidad» en los trámites que han hecho del centro «un modelo éxito». Todos los intentos, sin embargo, fueron rechazados.

El edil contó que los responsables del centro mantuvieron el miércoles una reunión con representantes de Hacienda y Educación en el Parlamento. Los directivos pidieron una moratoria de un año para ajustar los mecanismos al sistema de gestión presupuestaria y financiera de la Junta, más conocido como Giro, pero la solicitud fue denegada.

«A partir del 1 de enero, el dinero que genere el centro irá a Sevilla y no se podrá reinvertir en aquello que las personas que hasta ahora han estado al frente de este proyecto tan exitoso consideren –afirmó Cambril–. Será el fin del Parque de las Ciencias tal y como lo conocemos».

Cambril descartó que todo este proceso se haya realizado a espaldas del Ayuntamiento, que tiene representantes en el consorcio, y criticó el silencio del equipo de gobierno durante el proceso. «Los mismos que durante años han ladrado con la melodía de que Sevilla había secuestrado la Alhambra y Sierra Nevada ahora permanecen callados», rechazó.

Horas después de las declaraciones del concejal, la consejería de Hacienda desmintió a este periódico que el centro vaya a ser controlado «en ningún caso» desde Sevilla a partir de 2020. La administración andaluza, sin embargo, sí introdujo una matización al asegurar que aplicará un sistema de control financiero a través de la Intervención General de la Junta. «Se ejercerá mediante técnicas de auditoría a posteriori, de acuerdo con los estatutos aprobados por el consorcio», precisaron.

Poco después, la Junta emitió un comunicado en el que reiteró que el consorcio se seguirá rigiendo por lo que marcan sus estatutos, modificados en noviembre de 2018. Como recordó en el documento, la normativa actualmente en vigor establece que el centro queda adscrito a la consejería de Educación y, por tanto, «el régimen organizativo, de contratación, de presupuestación, de contabilidad y control, patrimonial y de personal será el aplicable a la administración de adscripción».

En su nota, la administración andaluza reconoció la reunión con los directivos del parque en el Parlamento, pero afirmó que en ella «quedó expuesto una vez más» que no habría cambios. «La gestión de las nóminas, contratación, taquilla, actividades, relación con proveedores, alquileres, producción, compra y venta de exposiciones se mantendrá como hasta ahora».

La respuesta de la Junta, que llegó a media tarde, no evitó que se generara un terremoto en el Consistorio. A la denuncia de Podemos-IU se sumó en bloque el resto de fuerzas de la oposición, que subrayó su rechazo a la decisión.

El portavoz del PSOE, Francisco Cuenca, reconoció la «preocupación» de su grupo y abrió distancia con el bipartito al asegurar que la nueva postura «no tiene nada que ver con lo que defendió el Ayuntamiento durante el mandato anterior». El socialista se mostró contundente en su oposición y avanzó que su partido no permitirá «la injerencia de la Junta en el día a día del centro».

El líder de Vox, Onofre Miralles, confirmó el rechazo de su grupo a una decisión que no ve «en absoluta lógica» y, en coincidencia con Cuenca, confesó su «preocupación» por el futuro del parque.

El equipo de gobierno fue consultado también por este periódico para recabar una valoración. El bipartito, sin embargo, prefirió guardar silencio y se remitió a la nota enviada por la Junta.