El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acoge el último pleno del año de la Sala de Gobierno. El acto, celebrado ayer en el edificio de la Real Chancillería, contó con la presidencia de Lorenzo del Río (TSJA) y la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Del Río agredeció la presencia de los nuevos vocales andaluces del CGPJ, elegidos el pasado mes de noviembre, y señaló la necesidad del órgano de abordar cómo se amoldará la provincia a la nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, crea las Oficinas Judiciales del Municipio y regula medios adecuados de solución de controversias. «Va a introducir cambios muy llamativos e importantes que obligará a la Sala de Gobierno a tomar acuerdos para poner en marcha los tribunales de instancia», resumió.
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A grandes rasgos, su entrada en vigor obligará a convertir los actuales órganos judiciales en tribunales de instancia, una reforma que implica que Andalucía, la comunidad con más partidos judiciales del país, tendrá que adaptar el 75% de ellos para el mes de julio, y el 30% restante antes de que acabe el año.
En este sentido, ha explicado que esto lleva aparejado una «reordenación de efectivos» que implica «un importante trabajo de campo». «2025 puede ser un año fructífero para la Justicia», afirmó. El Pleno sirvió también para reflexionar en los avances que se han dado y en aquello donde aún se puede mejorar.
Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, reclamó la «colaboración» del Gobierno central para poner en marcha la «crucial transformación» que va a experimentar la Justicia y demanda que «no se vuelva a discriminar a Andalucía». Nieto incidió en que esta ley, actualmente en el Senado, va a suponer «una transformación radical, sin precedentes» de la actual Administración de Justicia.
«Va a ser un reto importante y todos tenemos que dar lo mejor de cada uno para que Andalucía no se quede atrás en esa transformación con la que perseguimos una Justicia ágil y moderna que preste un buen servicio», aseveró.
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Por ello, recalcó que es fundamental la ayuda y colaboración del Ministerio de Justicia, que tiene la obligación de armonizar todo el sistema judicial en España, ya que para dicha reforma no se han habilitado recursos estatales, sino que son las comunidades las que tiene que afrontar todo el coste.
De forma extraoficial, el Gobierno ha transmitido que no se van a crear nuevos juzgados debido precisamente a la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Sin embargo, la semana pasada el Ministerio de Justicia suscribió un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para crear cinco nuevos juzgados en Barcelona «debido a la alta reincidencia en los hurtos, que es considerado como una singularidad».
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«Lo que no vamos a consentir es que se nos dé menos que a otros territorios de España porque eso sería no prestar el servicio que debemos al conjunto de los andaluces», concluyó.
Por último, el vocal del CGPJ José Antonio Montero ha destacado los importantes retos a los que se enfrenta la Justicia, que «van a suponer un antes y un después». Además, ha mostrado la «implicación y el apoyo» del Poder Judicial para afrontar esta reforma. La sala de gobierno del TSJA está formada por quince nuevos componentes se encuentran los magistrados Alberto del Águila, juez decano, y Marta Benavides, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15.
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