Marcha contra la violencia machista celebrada esta semana. Blanca Rodríguez

Los juzgados de Violencia de Género colapsan tras duplicar su carga y asumir casos de Santa Fe

El ámbito judicial reclama la creación de un tercer tribunal y teme no tener recursos para asumir los delitos sexuales que propone la nueva Ley

Viernes, 29 de noviembre 2024, 00:27

Los dos Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada están saturados. En abril se trasladaron las competencias en Violencia de Género de la jurisdicción de Santa Fe a la capital y la decisión colapsa al personal. Los tribunales han aumentado en más de un ... 40% su carga de trabajo, pese a que ya superaban con creces el 'límite' orientativo de entrada de casos deseado que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sindicatos, jueces y funcionarios contactados por este medio temen no poder prestar una atención adecuada a las víctimas. 

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La asunción de los delitos de violencia de género de Santa Fe por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Granada, contó con un informe favorable del Servicio de Inspección y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial aconsejó, ya en julio de 2023, puso de manifiesto la necesidad de creación de un tercer juzgado «de forma inmediata». El órgano de gobierno del Poder Judicial admitía que la carga de trabajo en los juzgados número 1 y 2 de Violencia Sobre La Mujer de Granada es superior a la media nacional y de la comunidad autónoma, según un informe al que ha tenido acceso este periódico.

2.000

asuntos entraron en 2023 en cada uno de los juzgados de la capital, mientras que en Santa Fe se registraron 647. Este año se han recibido 400 casos urgentes más

Las reformas legislativas desarrolladas a partir de 2015 han incrementado las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2022, la entrada de asuntos alcanzó los 1.789 en cada uno de los órganos, lo que excede en un 16% el umbral de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial, que está situado en 1.600. En el año 2023 se superó de nuevo en un 24,7% con casi 2.000 asuntos en cada uno de los juzgados. En el presente ejercicio, ya han atendido 600 diligencias urgentes por juzgado, frente a los 400 que habían asumido en el mismo periodo del ejercicio anterior. A todo esto se debe sumar los expedientes ordinarios –diligencias previas y procedimientos civiles. Por su parte, en 2023 el partido judicial de Santa Fe atendió 647 expedientes y ese peso anual es la losa que va a recaer adicionalmente en unos juzgados granadinos de por sí sobrecargados.

De forma paralela, se tramita la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia que pretende, en desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, atribuir a estos juzgados la instrucción por los delitos contra libertad sexual, delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual «cuando la persona ofendida por el delito sea mujer». Una vez que se apruebe su aplicación, la carga pondrá al límite a los órganos si no reciben más recursos. La provincia registró en el último año 332 delitos contra la libertad sexual.

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«Dos juzgados eran adecuados hace 20 años. El trabajo aumenta. Las denuncias rompen el silencio», dicen las juezas

Los sindicatos reclaman la creación de una tercera unidad judicial en Granada «con urgencia». «La asunción de Santa Fe es un incremento notable, duplica el trabajo. Solo se ha creado un puesto más de tramitación procesal cuando lo oportuno hubiera sido crear un gestor también por cada órgano. La plantilla está desbordada. Estos tribunales trabajan con materia muy sensible, que necesitan tiempo y recursos humanos», denuncia Silvia Martín, delegada del CSIF y presidenta de la Junta de Personal de Administración de Justicia.

Los juzgados de Violencia sobre La Mujer se crearon hace casi dos décadas y desde entonces los recursos empleados no han variado prácticamente. El primero de ellos entró en funcionamiento en 2005. Inmediatamente colapsó por el volumen de denuncias que llegaban y se adhirió un juez de apoyo. Al año siguiente, en 2006, se creó el segundo juzgado.

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«Tenemos una vocación muy fuerte. Dos juzgados eran adecuados hace 20 años. La concienciación sobre la violencia contra la mujer ha aumentado, lo que hace que se produzcan numerosas denuncias donde antes había silencio. Esto, unido al hecho del aumento de las competencias, ha incrementado considerablemente el trabajo», explican las magistradas. «Cada caso requiere que se le dedique un tiempo de calidad para que todos los implicados reciban una respuesta adecuada», sentencian a preguntas de IDEAL.

La Junta reclama otro juzgado

En la misma línea, la Consejería de la Junta de Andalucía también ha reclamado la creación de un nuevo juzgado de Violencia sobre La Mujer. Fuentes de la consejería, señalan a IDEAL que han reforzado Fiscalía y la unidad de Violencia de Género. La administración andaluza recientemente ha solicitado al Ministerio de Justicia, responsable de la creación de nuevas unidades judiciales, la puesta en marcha de un tercer juzgado para la capital y admite que la sobrecarga de trabajo daña la prestación de servicio.

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La consejería lamenta que para 2025 no hay prevista la ampliación de ninguna sede. Por último, esperan que la Ley Orgánica en tramitación se traduzca en medidas efectivas para dotar a los juzgados de medios, entre ellos los de Violencia sobre La Mujer.

Una especialidad que «penaliza» la promoción

Oleada de indignación en el país. Los jueces de Violencia de Género denuncian que su especialidad les penaliza a la hora de promocionar y favorece a sus compañeros de carrera. Para acceder a otros órganos judiciales, como es el caso de las audiencias provinciales, cualquier titular de la jurisdicción penal tiene preferencia en estas plazas, por delante de los juzgados mixtos.

A estas quejas se suman lostitulares de los Juzgados de Violencia Contra La Mujer quienes consideran injustos los requisitos. Un centenar de magistrados de toda España han solicitado una reunión urgente al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Los Juzgados de Violencia Contra La Mujer, creados en 2005, son mixtos. Tienen competencias tanto penales como civiles. En el ámbito penal, se encargan de la instrucción de procesos que exigen responsabilidad por delitos cometidos con violencia o intimidación contra la pareja, los hijos propios o de la esposa, los menores o las personas con discapacidad que conviven con el agresor. También dictan órdenes de protección de la víctima.

En el aspecto civil, tratan asuntos de familia derivados de la causa penal si tienen que ver con maternidad, nulidad del matrimonio, separación o divorcio, guarda y custodia de los hijos o demandas de pensión alimenticia.

Los magistrados consideran que el nuevo proyecto de ley de medidas en materia de eficiencia de la justicia, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados y debe pasar por el trámite del Senado, empeora la problemática, según comunican en un escrito.

El anterior Consejo General del Poder Judicial, renovado el pasado mes de julio, les transmitió la intención de que iban a convocar las pruebas de especialización y, se promovería la reforma de los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se tenga en cuenta el haber prestado servicio en los juzgados de violencia contra la mujer.

En otros ámbitos, las plazas las ocupan quienes han prestado al menos tres años en esas especialidades, mientras que cualquier titular de cualquiera de los órganos indicados, aunque nunca haya trabajado en el ámbito de la violencia de género, tiene preferencia para estas plazas, por delante de los juzgados mixtos, según denuncian.

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