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La XIII legislatura comenzó a las diez de la mañana del pasado 21 de mayo, casi un mes después de las elecciones generales que se celebraron el 28 de abril. Las cosas se planteaban (casi) felices para el ganador de los comicios, el Partido ... Socialista, que había pasado de contar con 85 escaños a su nombre a 123. Lejos, eso sí, de la mayoría absoluta. Llegar a acuerdos con otros partidos, a izquierda y derecha del espectro político, le ha resultado imposible al candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez. El resultado: una legislatura corta, de apenas 126 días. El próximo 23 de septiembre se disolverán las Cortes y los españoles estarán llamados de nuevo a las urnas para el 10 de noviembre.
En estos cuatro meses cortos, pendientes todos de la investidura, no ha habido excesivo tiempo para desplegar músculo político. La decimotercera habrá sido una legislatura sin leyes. Ha habido, eso sí, algunos que han hecho más que otros. Mientras que en el caso de los representantes granadinos de los partidos a la derecha del centro (PP, Ciudadanos y Vox) figura actividad pública en los registros del Congreso de los Diputados y el Senado, no es posible decir lo mismo de los representantes socialistas y el parlamentario de Unidas Podemos.
Ninguna de las tres actas de miembros de la Cámara Baja que fueron a parar a miembros del PSOE cuenta con actividad política a su nombre, según figura en la web del Congreso, que recopila la acción parlamentaria de todos ellos, tanto a nivel de iniciativas legislativas como de intervenciones en las sesiones plenarias. Cero preguntas escritas, cero preguntas orales, cero solicitudes de informes, comparecencias o peticiones de creación de órganos. Es el resumen que se extrae de la información disponible en el portal del Parlamento.
Son los casos de los socialistas José Antonio Montilla Martos, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que se estrenaba en esta ocasión como diputado y formaba parte, como vocal, de cuatro comisiones y la Diputación Permanente, el organismo que tiene el Congreso para ejercer sus funciones mientras se encuentra cerrado el período de sesiones, que previsiblemente sí tendrá bastante trabajo hasta el próximo 10 de noviembre; Elvira Ramón Utrabo, para quien la decimotercera habrá sido su cuarta legislatura como miembro del Parlamento y también miembro de cuatro comisiones, entre ellas la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, de la que fue nombrada portavoz; y José Antonio Rodríguez Salas, exalcalde de Jun y en la actualidad miembro de la Ejecutiva socialista de Pedro Sánchez, quien también se estrenó como diputado en esta legislatura y fue nombrado vocal en cuatro comisiones, así como vicepresidente primero de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y vocal suplente de la Diputación Permanente.
El Partido Popular fue el segundo más votado en las generales en la provincia granadina en abril, aunque el resultado sólo les valió para amarrar un escaño, el que fue a parar a su cabeza de lista, Carlos Rojas García, que ha sido uno de los más activos de entre los representantes de Granada. A su nombre figuran un total de 16 preguntas escritas al Gobierno en este período que versan sobre temas tan diversos como la despoblación de algunas zonas de la provincia, las plazas para médicos en las cárceles andaluzas, el número de agresiones a funcionarios penitenciarios o la situación del proyecto de la Variante de Loja, entre otros. Asimismo, Rojas solicitó el pasado mes de septiembre un informe al Ministerio de Justicia con el objeto de «pedir opinión sobre si los activos, normas o cualesquiera actuaciones a desarrollar por los Centros directivos podían llevarse a cabo en el mercado de actuación de un Gobierno en funciones». También intervino en el pleno en el que se debatió la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y durante una de las comparecencias de la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, relacionadas con el caso del buque Open Arms, además de dos actuaciones en el marco de las funciones de la Diputación Permanente.
El mismo número de escaños que el Partido Popular obtuvo Ciudadanos; uno, que fue a parar a las manos de Fran Hervías Chirosa, secretario de Organización de la formación naranja y cuya familia es del municipio granadino de Quéntar. En el hatillo parlamentario de Hervías, que se estrenó como diputado en la undécima legislatura, figuran seis preguntas al Gobierno presentadas por escrito. Entre los temas sobre los que versan, los planes de Fomento para las carreteras de Granada, el coste de la factura de la luz y el gas, la prevención del riesgo de inundación en la provincia, la presa de Rules o la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina. Además de esto, intervino durante la comparecencia de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las inundaciones en varios puntos de España que se produjo el pasado 27 de agosto.
Sobre el único diputado que consiguió Unidas Podemos, el filósofo Pedro Antonio Honrubia Hurtado, tampoco figura ninguna actividad en la web del Congreso.
La más activa de todos ellos, sin embargo, fue la representante de la formación ultraderechista Vox, la abogada del Estado Macarena Olona, que ha sido una de las figuras más visibles del partido de Santiago Abascal durante estos cuatro meses, llegando a actuar en diversas ocasiones como portavoz. Como interviniente, participó en el debate de una proposición no de Ley sobre financiación autonómica presentada por el grupo popular, así como en una comparecencia del ministro del Interior sobre la muerte de una persona internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. Y en lo que respecta a las iniciativas parlamentarias, es la que cuenta con mayor número: 32 preguntas por escrito al Gobierno, una a la Corporación de RTVE, cinco solicitudes de informes a la Administración del Estado y otra a la televisión pública. Eso sí, a pesar de ser diputada por Granada, y la que más actividad presentó de todos los representantes, el nombre de la provincia no aparece por ninguna parte en ninguna de sus preguntas o intervenciones. En honor a la verdad, lo hace una vez, durante el debate sobre financiación autonómica, y para recordar que es «diputada electa por Granada», parte de una Andalucía afectada por este problema.
La actividad política de los representantes de Granada en la Cámara Alta es aún más escueta que en el Parlamento. La provincia cuenta con cuatro representantes en la institución que vela por la cohesión territorial del país. Tres de ellos son militantes del Partido Socialista; el restante, del Partido Popular. Sólo uno de los cuatro, siempre de acuerdo con la información sobre actividad que figura en la web pública del Senado, mantuvo alguna actividad en esta legislatura sin leyes.
En la página web de la cámara no figura, pues, nada en relación a la acción política de los tres senadores socialistas: la exdelegada del Gobierno andaluz en la provincia, Sandra García; Alejandro Zubeldia, exgerente de la agencia pública IDEA en Granada; y Francisco Javier Aragón Ariza, quien fue parlamentario andaluz y alcalde de Las Gabias.
Sí se puede rastrear alguna actividad en el caso del representante del grupo popular, el periodista Vicente Azpitarte, quien al menos, siempre según el portal de la Cámara Alta en Internet, ha formulado por escrito dos preguntas. La primera de ellas, registrada el 16 de julio y contestada por el Gobierno el 10 de septiembre, versa sobre las incidencias registradas en los trayectos del AVE de Granada. La segunda, que se encuentra aún pendiente de respuesta desde el 18 de agosto, es acerca de la falta de personal en RTVE.
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